Viviendas en Barcelona
La regulación del alquiler temporal, un “nuevo parche” del Govern para “disimular” la falta de vivienda pública en Barcelona
PSC, ERC, comunes y CUP han pactado tramitar un proyecto de ley que limite el precio de los arrendamientos de menos de un año, lo que provocará una retirada de oferta del mercado, según voces del sector
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El alquiler temporal gozaba de ser el único libre de la mano intervencionista de las instituciones, hasta ahora. Un tipo de vivienda a menudo explotada por nómadas digitales, estudiantes, investigadores o personas con necesidades médicas que ha crecido exponencialmente en Barcelona desde que se establecieron los topes a los arrendamientos de larga duración, y a la que el Govern ha decidido poner coto por los posibles fraudes que se pueden producir.
No obstante, imponer índices de precios al mercado del alquiler, ahogado por la alta demanda y la escasez de oferta, provocará la retirada de más pisos.
Expertos del sector señalan que el decreto ley aprobado con el apoyo de ERC, comunes y la CUP supone un “nuevo parche” para disimular la escasa oferta de pisos públicos en la ciudad.
Inversión en vivienda
El catedrático de Derecho administrativo y presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico (Aedur), Joan Manuel Trayter, argumenta que el intervencionismo es “excesivo” y, además de ir en contra del pequeño propietario, lo que hace es ocultar que la administración no ha cumplido con sus deberes: invertir en la construcción vivienda pública.
“La regulación no está dando el resultado esperado”, ha asegurado Trayter. Catalunya tiene 2,5 viviendas de protección oficial por cada 100, muy por debajo de las nueve de Europa, y la falta de inversión en construcción de viviendas no hará más que agravarse si la demografía continúa al alza.
Según los datos del experto, la comunidad autónoma necesita hacer entre 50.000 y 100.000 viviendas nuevas cada año para acoger a la población futura.
Modelo de Ibiza
El director general de la consultora Konta Partners, Eduardo Navarrete, ha coincidido con el catedrático y ha afirmado que imponer topes al alquiler temporal restringirá aún más la oferta, lo que podría impactar directamente en el mercado laboral, especialmente en sectores intensivos como la hostelería.
“Nos vamos al modelo de Ibiza, donde el problema se ha agravado tanto que las empresas tienen problemas para que sus trabajadores vivan en la isla”, ha argumentado.
Para revertir la escasez de vivienda, Navarrete ha reclamado que se permitan que las oficinas y los locales vacíos puedan cambiar rápidamente a viviendas.
Además, ha propuesto poner el stock de la Sareb a disposición de los usuarios a un precio asequible, mejorar las infraestructuras de las ciudades del área metropolitana y permitir que se puedan construir viviendas privadas en suelo público a través de acuerdos público-privados.
Dificultades para encontrar inquilinos
A pesar de que el tope al alquiler temporal no se ha concretado todavía, la Generalitat ha dado el primer paso para frenar el fraude. El decreto-ley 1/2025 establece infracciones para aquellos que cierren contratos temporales camuflados como de larga duración.
Para ello, propietarios e inmobiliarias deberán acreditar la duración determinada de los inquilinos, además de cumplir con otros requisitos.
Un edificio de viviendas
Las consecuencias de esta nueva regulación ya se han empezado a ver. El fundador y director de 080 Real Estate, Jordi Benito, ha explicado a Metrópoli las trabas con las que se encontró en el último contrato de alquiler temporal firmado.
Tan solo una de las decenas de personas que se interesaron por la vivienda tenía la documentación necesaria. A pesar de contar con nóminas muy altas, el experto tuvo que negarles el piso de alquiler temporal a muchos trabajadores que querían arrendarlo.
“Antes solamente hacía falta decir el motivo, ahora se debe justificar el día de salida o la temporada que estarán los inquilinos para no recibir una sanción”, ha explicado el consultor.
Nómadas digital PEXELS
Impacto sobre los nómadas digitales
Uno de los colectivos más afectados por la nueva regulación son los nómadas digitales, trabajadores que vienen a Barcelona y que se suelen hospedar en alquileres temporales mientras teletrabajan. Para ellos, explica Benito, será más complicado justificar su estancia.
Lo mismo ocurrirá con las personas que necesitan una estancia temporal mientras buscan un piso de largo plazo o gente que, simplemente, no quiere atarse con una vivienda de larga duración.
Tribunal Constitucional
Trayter ha indicado que la futura ley que están negociando los partidos políticos podría ser impugnada al Tribunal Constitucional. “La regulación de los alquileres es una competencia que hasta ahora era del Estado y es dudoso que lo pueda hacer la Generalitat”, ha explicado.
De hecho, el catedrático ha apuntado que hay alguna sentencia del alto tribunal que establece que es competencia estatal.
Tribunal Constitucional (TC) en una imagen de archivo
La regulación del Ayuntamiento
La Generalitat no es la única que ha hecho ademán de poner coto al alquiler de temporada. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó inicialmente, en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del pasado mes de diciembre, la modificación del Plan General Metropolitano para limitar e incluso prohibir este tipo de arrendamientos en toda la ciudad o en ciertas zonas.
El consistorio preveía que la normativa iba a recibir luz verde durante el segundo trimestre de 2025. No obstante, los propietarios, junto a otros operadores, presentaron alegaciones a la modificación con la ayuda de un informe de Trayter.
Según ha afirmado el catedrático, el Ayuntamiento todavía no ha respondido a las alegaciones. “Está parado porque ellos saben que esta iniciativa no se puede hacer así, sino que debe ser aprobada por el Parlament o incluso a nivel estatal”, ha asegurado.
