Jordi Martí Galbis (Junts) y Daniel Sirera (PP) junto a la fachada del Ayuntamiento de Barcelona
Sirera lanza una Opa al centro-derecha de Barcelona
"El concejal se ha lanzado sin complejos a por el votante ex convergente, ese que le dio una inesperada victoria a Xavier Trias hace dos años y medio. Y empiezan a entenderlo también en Junts, presionados por Aliança Catalana desde un extremo, el PP desde el otro, e incapaces de definir su camino"
Eliminar la reserva del 30% de vivienda protegida, facilitar nuevas herramientas para una Guardia Urbana más comprometida con la el orden público o endurecer la Ordenanza de Civismo, singularmente para los inmigrantes. Son propuestas en las que coinciden los dos grandes partidos de centro derecha en Barcelona, Junts y PP, a los que solo distingue su posición en el eje nacional. Y ese eje ha dejado de ser determinante para muchos votantes.
Lo sabe el PP, cuyo líder en Barcelona, Daniel Sirera, se ha lanzado sin complejos a por el votante ex convergente, ese que le dio una inesperada victoria a Xavier Trias hace dos años y medio. Y empiezan a entenderlo también en Junts, presionados por Aliança Catalana desde un extremo, el PP desde el otro, e incapaces de definir su camino. Al menos, en la capital catalana.
Convergencia siempre tuvo dificultades para definir su proyecto para Barcelona, más allá de sus obligaciones como capital de Cataluña. A esas dificultades se añade ahora el desconcierto general del partido, sometido a un Carles Puigdemont que cada vez parece más distante en su atalaya de Waterloo. Y la incapacidad de decidir quién será el candidato que se enfrente a Jaume Collboni en 2027, para desespero del grupo municipal.
Sirera ha identificado esa debilidad y se ha lanzado a ocupar el espacio abandonado por los independentistas, que hoy por hoy parecen tener en el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a su único gran valedor. Aunque no es poco.
Solo así se puede interpretar la ‘inocente’ oferta de Sirera para actuar como mediador entre Junts y PSC con el objetivo de reconducir la negociación del 30% de reserva de vivienda protegida. Todos -menos los Comunes- comparten el fracaso de la reforma estrella de Ada Colau. Singularmente Junts y el PSC. Pero ambos partidos han sido incapaces de acordar su supresión.
Los socialistas acusan a Junts de impedir el acuerdo por negarse a aceptar una rebaja del IBI del 4% -el PSC había aceptado rebajarlo un 2%-. Desde el partido de Puigdemont argumentan que el gobierno local de Collboni no quería pactar realmente porque ya tenía un acuerdo con ERC, aunque lo cierto es que los republicanos nunca ofrecieron sus votos para cumplir con esa promesa electoral del PSC.
Y es ahí donde entra Sirera, quien aprovechó para recoger el guante lanzado por Foment y la patronal de constructores y promotores unos días antes. El popular anunció una nueva propuesta en este sentido para el pleno de octubre, al tiempo que recordaba que el acuerdo de sus tres partidos suma 25 de los 41 regidores del consistorio. Y se presentaba así como adalid de la responsabilidad política.
Como era de prever, su propuesta fracasó en el pleno del pasado viernes, puesto que no la había pactado previamente con nadie. Pero él ya había conseguido presentarse ante la opinión pública -por lo menos la publicada- como un político posibilista y atento a las prioridades de la sociedad civil organizada.
Una maniobra que explica por qué uno de los debates más broncos del último pleno municipal se produjo, precisamente, entre Junts y PP. Aunque no fuera a cuenta del 30%, sino de otra de las medidas propuestas por el PP.
Los populares presentaron una moción para que las sanciones por incivismo penalicen la concesión del informe de arraigo que es el punto de partida para la regularización laboral de los inmigrantes sin papeles. Prácticamente lo mismo que había propuesto Junts, días antes, vía alegaciones a la Ordenanza de Civismo.
El viernes, sin embargo, las críticas más furibundas a la propuesta del PP no llegaron de los comunes sino del portavoz de Junts, Josep Rius, quien acusó a los populares de ir demasiado lejos.
”No se trata de penalizar o estigmatizar” (sic) a los migrantes, aseguró Rius. Aunque el auténtico argumento contra el PP llegaría después, cuando mostró su extrañeza porque los populares se opongan a ceder competencias en inmigración a la Generalitat, pero estén dispuestos a dar más poder en este ámbito al Ayuntamiento de Barcelona.
El debate derivó en un rifirrafe entre populares y junteros a cuenta de las medidas que unos y otros han renunciado a apoyar, pese formar parte de su programa político. Desde la compra de pistolas táser para la Guardia Urbana a la citada eliminación de la reserva del 30%.
Un memorial de agravios en el que no podía faltar el pecado original del PP. Esto es, haber sumado sus votos a los de los comunes para hacer alcalde a Collboni en detrimento de Xavier Trias.
Más allá de los argumentos utilizados, lo sustancial aquí es la bronca en sí. Porque la bronca entre PP y Junts, como la protagonizada en el mismo pleno entre ERC y Comuns, es todo un símbolo del momento municipal. A punto de encarar el último año de mandato efectivo de Collboni, todos los partidos están ya en modo elecciones. Y el pleno empieza dividirse en dos bloques que nada tienen que ver con el eje derecha-izquierda. Ni siquiera con el nacionalista.
Hoy por hoy, la gran diferencia está entre quienes tienen claro quién será su candidato en 2027 y han dibujado ya una estrategia para llegar en condiciones a la campaña electoral. Y quienes siguen debatiéndose en un mar de dudas, porque sin candidato no hay estrategia. Un espacio en el que coinciden Junts, comunes, y quién sabe si Vox.
