El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
La ordenanza y la pasividad contra el odio
"Se pretende una unidad, argumenta nuestro primer edil, para discernir la verdad de la mentira y para combatir las noticias falsas y los bulos. Si del rumor malintencionado o inveraz al hecho cierto dista un trecho es evidente y abogo por no permanecer impasible"
El pasado sábado y en una Convención municipal de su partido, el alcalde Collboni anunciaba la creación de una unidad municipal “antibulos” y de una Ordenanza contra los delitos de odio y de discriminación. Esta última nueva norma, de ver la luz, “casualmente” lo haría a las puertas de las próximas elecciones locales.
Si una acción o conducta es contraria a la convivencia y al obligado respeto a la persona o hacia un colectivo desde el odio debiera ser considerada un delito y tiene una especial cobertura de Ley. Si, además, se quisiera incluir la misma entre los comportamientos sancionables desde la órbita municipal, al alcalde le basta con introducir su tipificación en las modificaciones propuestas de la Ordenanza de Civismo y hacerlo con la máxima gravedad. Sus cambios se encuentran a fecha de hoy pendientes de su aprobación definitiva por el pleno consistorial.
Barcelona, más que precisar de novedosas normativas o engranajes administrativos orgánicos cuestionables, requiere hacer cumplir las leyes vigentes y una ordenanza cívica modificada. Así lo he propuesto en las alegaciones presentadas en nombre de la entidad Barcino5G a la Ordenanza de Convivencia. Y hacerlo sin impunidades ni sesgos ideológicos en su aplicación o interpretación.
Se pretende una unidad, argumenta nuestro primer edil, para discernir la verdad de la mentira y para combatir las noticias falsas y los bulos. Si del rumor malintencionado o inveraz al hecho cierto dista un trecho es evidente y abogo por no permanecer impasible. Sin embargo, surge la duda o el temor ante tal loable propósito funcional y normativo.
¿Será el alcalde quien se erigirá en el primer soldado de esta unidad “antibulos”? ¿Cuáles serán los criterios de intervención? ¿Quién nos garantiza su no confusión con la censura antidemocrática, su no conversión en sectaria confrontación con el adversario partidista o discrepante social? ¿Se descartará la arbitrariedad y el sectarismo político en su devenir? ¿Se considerará bulo el cuantioso gasto del Ayuntamiento de 19 millones de euros anuales destinados a la publicidad institucional tornada en propaganda engañosa de gobierno?
Es obvio que debe perseguirse el comportamiento o expresión claramente discriminatorio y de odio u ofensivo para las personas o hacia distintos colectivos por razón de su orientación sexual, etnia o religión, por ejemplo. Pero también corresponde el ser inflexible contra aquellos que proyectan su odio por la de adscripción ideológica o de sentimiento.
En Barcelona, y no solo en nuestra ciudad, lo último no siempre sucede. Se impiden, boicotean o restringen derechos fundamentales y el ejercicio de libertades desde la pasividad municipal. El gobierno tiene una doble vara de medir. Ciertos ofendidos o perseguidos son inmediatamente objeto de protección institucional y legal.
A otros. léase católicos, liberales y conservadores o catalanes con un sentimiento de pertenencia español, les aguarda la inacción pública desde el encogimiento de hombros, el silencio atronador o la falsa apelación a la libertad de expresión de los atacantes e insultadores. La diferente proactividad defensiva del Ayuntamiento es innegable y odiosa.
En estos últimos tiempos se han promovido ataques de radicales a carpas informativas del PP y de Vox o a la intimidación de una conferencia de la organización “S´ha Acabat” en la Universidad de Barcelona hace unos días. ¿Reacciones?
La falta de condena institucional y una nula acusación particular del consistorio para defender la libertad y los derechos de los perjudicados. De ser otras las víctimas la respuesta municipal habría sido muy diferente.
Quiero creer, al menos, que los mossos presentes, tras una discreta intervención policial, habrán identificado a los agresores primero y tramitado después los correspondientes atestados y diligencias y, tras completar sus actuaciones, promoverán la vía judicial para que no haya impunidad alguna de los acosadores.
En Barcelona no ha lugar ni a activos censores partidistas ni a pasivos procederes de gobernantes que actúen arbitrariamente dependiendo de la manera en que piensas ideológicamente, crees religiosamente o sientes nacionalmente.
Es obvio que hay actitudes que pueden ser o son odiosas por ser reprobables. Si se considera que un comportamiento, además es de odio, para combatirlo existen mecanismos para actuar: las denuncias en Fiscalía o el inicio de acciones legales públicas y de parte o privadas, e incluso desde una modificada Ordenanza ya existente, la de Civismo.
Y hacerlo desde la exigencia de una aplicación severa y estricta del código penal desde los Tribunales de Justicia como garantes y de la protección de los derechos y libertades y de las dignidades humanas.
