Albiol, en el avispero del B9

Badalona vuelve a llenar páginas de diario y minutos de televisión. Esta vez, por el desalojo del antiguo instituto B9, ocupado por migrantes en situación, todos ellos, de extrema vulnerabilidad. Antes fueron los abusos a niñas en un conocido centro comercial de la ciudad. Y un par de años más atrás, el incendio de una nave industrial, igualmente ocupada por inmigrantes irregulares, en el que murieron tres personas.

Quienes se ríen del alcalde, Xavier García Albiol, por competir con el primer edil de Vigo para salir en los papeles con el árbol de Navidad más alto de España deberían recordar este triste currículo antes de arrugar la nariz y mirar a Albiol por encima del hombro.

Son los mismos que denuncian ahora el desalojo del B9 convencidos de que, esta vez, Albiol ha ido demasiado lejos y la operación se le volverá en contra. Veremos.

Es cierto que las intervenciones públicas del alcalde han sido ostentosamente deshumanizadoras y que su “solución” solo busca sacar el problema de “su” ciudad.

Albiol sabe, como denuncian sus críticos, que las personas no desaparecen. Que todos esos ocupantes de B9 lo ocupaban porque no tenían otra alternativa. Que la única alternativa es su situación actual: vagar por las calles en busca de un lugar a cubierto para evitar la lluvia.

Pero no es menos cierto que quienes lo critican llevan años dando por buena la ocupación de un edificio en ruinas en el que han llegado a malvivir 400 personas, según las mismas organizaciones que dicen defenderlos.

El desalojo del B9 se hizo en coordinación con la Generalitat y el Gobierno. De ahí que participaran en él Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, cuyo objetivo era identificar a los irregulares y detener a quienes tuvieran cuentas pendientes con la justicia.

No debían ser tantos, cuando la mayoría de los desalojados siguen bajo el puente de la autopista C-31. Si había delincuentes habituales viviendo en el B9, cosa no descartable, abandonaron el edificio antes de ser desalojados por la policía, cosa que tampoco debería sorprender a nadie.

Lo que nos devuelve al punto de partida: ¿qué hacer tras el desalojo? La postura del Ayuntamiento de Badalona es clara, por lo menos en público: a los irregulares ni agua. Aunque lo cierto sea, como reconocen desde Cáritas, que los servicios sociales del Ayuntamiento sí han hecho, y siguen haciendo, seguimiento y apoyo a esas personas vulnerables. Es su obligación. Forma parte de las responsabilidades de la administración local.

El Ayuntamiento incumple esas obligaciones al no disponer de refugio para esas personas. Pero tampoco la Generalitat, ni las entidades sociales han sido capaces de dar respuesta a la emergencia. Ni el Govern ha podido encontrar albergues donde cobijarlos ni las entidades disponen de recursos libres para ellos.

Ahora, tanto la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, como el delegado del Gobierno, Carles Prieto, denuncian la actitud de Albiol, pero siguen sin ofrecer alternativas a los desalojados. Y la triste imagen de los vecinos manifestándose contra la acogida de quince de ellos en una parroquia parece dar la razón al alcalde.

Albiol llegó a la alcaldía con una mayoría absoluta fruto de la promesa de mano dura con la inmigración irregular, las ocupaciones y la delincuencia.

Y el desalojo del B9 es la concreción de esas promesas. Ahora, Badalona no hace más que intentar centrifugar el problema al negarse a darles cobijo. Porque es evidente que las personas no desaparecen, pero también lo es que los ayuntamientos empiezan a estar superados por el problema. Y, sino, que se lo pregunten a Jaume Collboni, tras el último recuento de Arrels en Barcelona.