El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, interviene durante una convocatoria con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9
Lo que señala Albiol y todos deben afrontar
"Si Badalona, la tercera ciudad de un territorio como Catalunya que supera los 35.000 euros de PIB per cápita, no puede atender a esas decenas de personas, entonces la sociedad catalana en su conjunto no es digna de considerarse civilizada"
Entidades sociales, voluntarios y el empuje “en silencio” de la Generalitat ha propiciado que se hayan realojado a 147 inmigrantes, que fueron desalojados del instituto B9 de Badalona. La ‘okupación’ del espacio era insostenible. Y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, llevaba tiempo denunciando esa situación. Señaló un problema, e hizo bien, pero como suele hacer desde hace también muchos años, Albiol se queda ahí. No sabe o, tal vez, no le interese, entrar en el capítulo de las soluciones, porque las que sugiere no son factibles y él mismo lo debería admitir.
Albiol insistió en que la mayoría de los que okuparon el B9 eran delincuentes. La cuestión es que los cuerpos policiales, tras la decisión de la juez, desalojaron a un total de 181 personas. Días antes habían salido muchas otras, intuyendo el desenlace final. Llegaron a subsistir en ese antiguo instituto unas 400 personas. De las 181 desalojadas, la Policía Nacional detuvo a 18, por infracciones de la Ley de Extranjería. No parece, por tanto, que el grueso de ese número de personas fueran delincuentes peligrosos.
Sí son pobres. Inmigrantes. Metrópoli lo pudo comprobar en un reportaje. Un joven senegalés explicaba a este medio que había llegado a España, que tenía su familia en Senegal, que enviaba dinero, y que no tenía otro lugar en el que residir. “No me voy a marchar, ¿a dónde podría?”, aseguraba, hablando mitad español, mitad francés. Era un joven dispuesto a trabajar, con ímpetu, que podría caer en la delincuencia, claro, o, tal vez, había cometido ya algún delito. Pero cuyo principal objetivo era el de labrarse un mínimo futuro en España.
La cuestión es que el alcalde de Badalona ha señalado un problema grave que se ha instalado en las grandes áreas urbanas. De un modo u otro llegan inmigrantes, y no se sabe qué hacer con ellos, porque logran trabajos precarios que no les permiten alojamiento. Albiol se queda en la frase contundente: “No los quiero en Badalona”. Claro, tampoco otros alcaldes y alcaldesas del área metropolitana los querrán en sus ciudades. Pero están. Viven entre el resto de ciudadanos.
Si lo que busca Albiol es que se impliquen el resto de administraciones, entonces su actuación se podría entender. Pero lo debe hacer todavía más explícito. ¿Quiere que se deporte a buena parte de esos inmigrantes? ¿Ha contactado con el Ministerio de Interior y con el Ministerio de Exteriores? ¿Hay acuerdos con los países de origen de esos inmigrantes?
Sólo un dato da cuenta de la dificultad. Marruecos, por ejemplo, sólo ha aceptado, con los últimos números de 2024, el 8% de las solicitudes de expulsión emitidas desde la Unión Europea.
En cualquier caso, y mientras se formaliza esa posibilidad o se denuncia de forma clara que la inmigración ilegal comienza a ser un problema serio en muchos centros urbanos, Badalona, --la tercera ciudad de Catalunya—no dispone de un albergue en condiciones para alojar a personas en situación de extrema precariedad.
Hay servicios sociales, sí, pero, de forma voluntaria o no, el municipio no cuenta con ese albergue y la ciudad vive una situación tan bochornosa como la de una cincuentena de inmigrantes durmiendo bajo un puente en pleno temporal de lluvias.
Si lo que se desea es que nadie capitalice esas situaciones, apareciendo como el hombre más duro del Oeste, todas las administraciones deberían alcanzar acuerdos de Estado, que pasan, primero, por atender a esas personas.
Hay supuestos comentaristas que se creen serios que dicen que la sociedad ha pecado de buenista. Que cada familia que se escandaliza con Albiol debería acoger a una o varias de esas personas. Resulta de un populismo, mayor, todavía, que el de Albiol.
Los ciudadanos pagan impuestos. Votan. Participan en la vida colectiva –o deberían. Se informan --poco y mal-- y deberían ser responsables de todo lo relacionado con lo público.
Y se supone que esos impuestos que pagan, que esa participación en la vida colectiva, implica que en situaciones como las de Badalona las administraciones ayuden, con medios, con albergues, con atención sanitaria.
Si Badalona, la tercera ciudad de un territorio como Catalunya que supera los 35.000 euros de PIB per cápita, no puede atender a esas decenas de personas, entonces la sociedad catalana en su conjunto no es digna de considerarse civilizada.
