Tarifas arbitrarias

Dentro de unos días entrarán en vigor las nuevas tarifas del transporte metropolitano con un incremento similar al de los precios al consumo. Se comprende. De hecho, se trata de precios ya ampliamente subvencionados, de modo que mantener los  actuales exigiría aumentar las aportaciones públicas, ya cuantiosas.

Pero en las nuevas tarifas se repite una inconsistencia notable: se discrimina por ingresos a los jubilados, pero no se hace lo mismo con los menores de ¡30 años!

Los jubilados o mayores de 60 años que superan un determinado nivel de ingresos no tienen derecho a ninguna reducción ni en billetes ni en los abonos, lo que, si bien se mira es una medida bastante justa en sí misma. Quien más cobra no necesita mayores apoyos.

Pero no ocurre lo mismo con los menores de 16 años, que pueden optar a la T-16, gratuita incluso siendo hijos de banqueros de éxito o de dirigentes del Ibex. Y en estos casos, ¿realmente la necesitan?

Tampoco se tienen en cuenta los ingresos de quienes pueden adquirir la T-Jove. Basta con tener menos de 30 años.

La juventud es un valor que se expande. Es un hecho, como lo demuestran los anuncios de la televisión y las tarifas de TMB.

No hay que desesperar: si las cosas siguen así, dentro de poco se será joven hasta cumplir el siglo y el agravio entre jóvenes y jubilados desaparecerá.

No estaría de más, sin embargo, tener presente que hay médicos, ingenieros, profesores, abogados y hasta concejales y diputados que tienen 30 años e incluso menos y que se benefician de una medida injusta. Y eso a pesar de que tengan salarios más altos que los de cualquier jubilado, incluidos los que perciben la pensión máxima.

La cuestión principal es que la diferencia de trato resulta inconsistente. Como se decía antes (ahora igual resulta que es políticamente incorrecto) o todos moros o todos cristianos. O se consideran los ingresos siempre o no se computan nunca.

Cabe la posibilidad de que lo más justo fuera que se tuviera en cuenta siempre y que las ayudas se limitasen a quienes realmente lo necesiten. Si el dinero público es escaso, mejor gastarlo bien que derrocharlo, como se está haciendo ahora con esas ayudas indiscriminadas.

Sin desdeñar la posibilidad de que la burocracia necesaria para verificar quién es jubilado y pudiente y quién no cueste más dinero que dar la tarjeta a todos los mayores.

La gratuidad del transporte para los menores de 16 años (todos, incluso los que podrían ir a clase en el coche de la familia, conducido por el chófer de la familia) es una medida aprobada hace un tiempo por iniciativa de Junts (que aún no se llamaba así). Pura demagogia a la que los otros grupos sucumbieron.

Las ayudas al transporte están pensadas para la movilidad obligada: trabajar y estudiar. Y esos menores no tienen movilidad obligada alguna.

Si van a los jesuitas de Sarrià sin vivir en el barrio es porque quieren. En realidad, deberían acudir a un centro de proximidad.

Si sobra dinero, que no sobra, sería más adecuado destinarlo a mejorar el transporte metropolitano que a repartirlo entre los hijos de los ricos y muy ricos.

Hay, además, agravios comparativos. En Madrid, por ejemplo, los jubilados no pagan, tengan los ingresos que tengan. Esto hace que algunos barceloneses se sientan discriminados. ¿Por qué en Madrid sí y en Barcelona no?

Quizás por lo mismo que el Barça tiene que pagar a un Negreira para no ser perjudicado por los árbitros y el Madrid no necesita presupuestar ese gasto porque el beneficio le llega de oficio. Ventajas de la capitalidad que también tiene Barcelona respecto a otras zonas de Catalunya.

Porque lo injusto no es discriminar en función de ingresos. Lo injusto es hacerlo en un caso (los mayores de 60 años) y no en el otro (los menores de 30). Y lo peor: el actual sistema tarifario es una arbitrariedad. Algo que los gobiernos no deberían permitirse (salvo Trump, Netanyahu y Putin a quienes la idea de justicia les resulta indiferente).