Colas ante el Consulado de Pakistán en Barcelona
Una regularización imprescindible
"Barcelona, como Cataluña, necesitan de esta mano de obra para sostener su economía y es la garantía del futuro de las pensiones. Aunque los prejuicios y la mentira política lo obvien, la inmigración aporta muchísimo más de lo que cuesta en términos sociales y sanitarios"
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el inicio de un proceso de regularización extraordinario de personas migrantes que viven ya en nuestro país y que se encuentran en una situación de vacío legal y de no reconocimiento. Esto se hará a partir del mes de abril para extranjeros con documentación en regla que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025, los cuales habrán de demostrar como mínimo cinco meses de presencia en el país y, aspecto importante que falsea el discurso de la derecha, que no tengan antecedentes penales.
Se ha hecho por decreto-ley y no por tramitación parlamentaria, pero la derecha española -también parte de la catalana-, está empeñada en convertir el tema de la inmigración en un campo de batalla en el cual regar los oídos de una creciente población xenófoba que no quiere saber nada de consensos sobre el tema.
Es bueno recordar que no es la primera regularización y que ya en tiempos de Aznar se hizo una similar. Eran otros tiempos, la derecha aún no se había echado al monte ni socialmente la llegada de población de fuera se vivía con el rechazo actual que debidamente se ha cultivado.
Sacar de la clandestinidad administrativa a personas que ya están en el país, y la mayoría trabajando, resulta un acto de realismo económico y social. Si el carácter “informal” de su estancia solamente figura en el padrón municipal, implica una pérdida de derechos evidente, la precariedad familiar, pero también un coste para el erario público.
Su legalización implica entrar en la dinámica de derechos y deberes, de regularizar contratos de trabajo y de que se conviertan en ciudadanos a la vez que en contribuyentes. No nos engañemos: es un colectivo que sostiene una parte significativa de la actividad productiva, especialmente en sectores urbanos ligados al turismo, la hostelería, la construcción o los servicios personales.
En la ciudad de Barcelona hay más de seiscientas mil personas nacidas en el extranjero, o lo que es lo mismo, un 35% de su población. Hay entre ochenta y cien mil personas pendientes de regularización, de los que unos sesenta mil se calcula cumplirían los requisitos para ser ahora regularizados.
No hay un registro preciso y todo son estimaciones. Muchos no están empadronados y se mueven entre la precariedad extrema y la marginalidad. Barcelona, como Cataluña, necesitan de esta mano de obra para sostener su economía y es la garantía del futuro de las pensiones. Aunque los prejuicios y la mentira política lo obvien, la inmigración aporta muchísimo más de lo que cuesta en términos sociales y sanitarios.
Esta es la realidad en sociedades con una caída de la natalidad grandiosa de su población autóctona y en las que la tasa de relevo generacional es negativa. Una economía aún basada en la mano de obra hace el resto.
Pero el análisis, o el debate, no se puede solamente retrotraer a términos materiales. Tiene mucho que ver, también, con los derechos humanos, el mantenimiento del concepto de ciudadanía y a la necesidad de hacer una integración social que refuerce nuestro funcionamiento y cultura democrática.
La regularización solamente es un paso en este sentido. Se requerirá para considerarlos ciudadanos de pleno derecho, el acceso al voto y a la adquisición de la nacionalidad. No podemos sostener a medio plazo una ciudad y un país de dos velocidades o categorías con relación a las personas.
A menudo nos llenamos la boca que nuestro país es un crisol de culturas desde la Antigüedad. Y es cierto, como lo es que el presente y el futuro, mal que les pese a algunos agoreros, es multicultural.
La derecha, catalana y española, ha planteado una batalla negando no solamente la bondad y la legitimidad a los nuevos catalanes, sino que los ha convertido en el caballo de batalla de la irrupción del fascismo, de nuevo, en la política y en la sociedad. Y habrá que librar esta batalla desde el progresismo y la dignidad, porque con ella nos jugamos el futuro de nuestra libertad y de continuar siendo una sociedad decente.
España y Cataluña son territorios dinámicos, los que más, dentro de la Unión Europea. Aumenta sensiblemente nuestro PIB y nuestro bienestar justamente por la aportación de los nuevos ciudadanos que contribuyen en forma de trabajo y de consumo.
Los flujos importantes en el tiempo se deben gestionar, pero en ningún caso negarlos o criminalizarlos. En la crítica a la inmigración casi siempre está implícito un racismo demasiado incorporado y normalizado.
Algunas cifras para la reflexión. Entre la población extranjera de Barcelona, unos cien mil son los llamados nómadas tecnológicos -expats-, a los que nadie en el Poble Nou se le ocurre confundirlos con inmigrantes.
La nacionalidad extranjera más presente en Barcelona, con diferencia, son los italianos que, con 53.500 personas, dobla a cualquier nacionalidad que lo siga. Supongo que los hijos de los que presumimos que estudian y trabajan en el extranjero -muchísimos-, no se nos ocurre calificarlos de ”emigrantes”. Quizás, lo que nos molesta es la pobreza.
