Tener perro o gato en Barcelona: el nuevo lujo del alquiler

Encontrar piso en el área metropolitana de Barcelona es ya un deporte de resistencia. Precios al alza, contratos cada vez más cortos, intermediarios que piden sueldos imposibles... Pero si además convives con un animal, la misión se vuelve casi imposible.

Perros y gatos se han convertido, sin pretenderlo, en un factor de exclusión habitacional. Una barrera silenciosa que deja fuera del mercado a miles de familias que simplemente quieren compartir techo con su compañero animal.  

Legalmente, nada impide tener mascota en un piso de alquiler si el contrato no dice lo contrario. La Ley de Arrendamientos Urbanos no prohíbe los animales domésticos, pero muchos contratos incluyen la famosa frase prohibido tener mascotas.  

Esa línea, aparentemente inocente, basta para que cientos de pisos sean inaccesibles para quien tiene perro o gato. Si el propietario no quiere animales, la ley le ampara. Y cuando no figura ninguna cláusula, el miedo o el prejuicio hacen el resto: portales llenos de no se admiten mascotas, visitas que se cancelan al mencionarlas, agencias que ni responden cuando oyen la palabra perro.  

Los datos son demoledores: menos del 5 % de las viviendas en alquiler en España aceptan animales de compañía. En ciudades con alta demanda como Barcelona, la cifra es aún menor.  

El resultado es un embudo: familias que deben mudarse lejos de su barrio, aceptar pisos  más caros o en peores condiciones, o incluso renunciar a su animal.  

En las protectoras de la zona metropolitana se nota. Cada vez llegan más animales cuyos tutores se han visto obligados a entregarlos porque no han encontrado vivienda donde poder vivir con ellos. No son abandonos por desinterés, sino por pura desesperación: elegir entre un techo o su compañero animal.  

Buena parte del problema nace del miedo. Algunos propietarios asocian al animal con destrozos, ruidos o conflictos vecinales. Otros han tenido malas experiencias o, simplemente, repiten lo que ven en otros contratos.  

Pero el riesgo real no es mayor que el de cualquier otro inquilino: un animal bien cuidado no destroza más un piso que una mudanza. Existen seguros específicos que cubren daños por mascotas y, cada vez más, inquilinos dispuestos a ofrecer garantías adicionales. Aun así, la etiqueta no se admiten animales  se ha convertido en un filtro automático que ni siquiera da opción al diálogo.  

La exclusión por tener mascota afecta sobre todo a jóvenes, personas solas y familias con hijos, perfiles ya tensionados por el mercado de vivienda. Supone una discriminación indirecta hacia quienes han decidido convivir con un ser vivo, en muchos casos considerado parte del núcleo familiar.

Y, además, está saturando los centros de recogida y refugios municipales, que reciben  animales de familias que simplemente se han quedado sin alternativa. Cada perro o gato que entra por ese motivo es el reflejo de una carencia social que no se ve: la falta de vivienda asequible y compatible con la vida real.  

¿Qué podemos hacer? El cambio no depende solo de las leyes, sino también de la mentalidad.

• Negociar y ofrecer garantías. Los inquilinos pueden presentar seguros de  responsabilidad civil o un anexo al contrato que autorice expresamente la tenencia  de animales.
• Sensibilizar a propietarios y agencias. La convivencia responsable existe, y la mayoría de animales viven sin causar molestias. 
• Incentivar el alquiler “pet friendly”. En otras ciudades europeas, se ofrecen beneficios fiscales o seguros compartidos que reducen el temor de los arrendadores.  
• Incluir el factor animal en las políticas de vivienda pública. Nadie debería tener que elegir entre su mascota y un techo.

Barcelona presume de ser una ciudad avanzada en bienestar animal: campañas de adopción, ordenanzas municipales, espacios de recreo canino… Pero esa filosofía se diluye cuando el alquiler se convierte en una carrera de obstáculos.

Si queremos una ciudad verdaderamente inclusiva, debemos mirar también a esos hogares donde un perro o un gato son familia. Porque el derecho a la vivienda no debería depender del número de patas que tiene quien te espera al llegar a casa.