Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge BARCELONA
Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge: “La confianza con las administraciones se ha roto”
La representante de los propietarios alerta de que la complejidad de las leyes y la inseguridad jurídica destruyen la oferta de alquiler, mientras denuncia sanciones "absolutamente exageradas" de hasta 900.000 euros
Otras entrevistas: Javier Gil, sociólogo: “Necesitamos expulsar a los grandes especuladores de Barcelona para que emerjan actores que traten la vivienda como un derecho”
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Hace poco más de un año del nacimiento de la asociación Som Habitatge - Unió de Propietaris d’Habitatge de Catalunya con una premisa: proteger los intereses de los propietarios de viviendas y explicar la realidad del mercado según su punto de vista.
La entidad ya representa alrededor de 400 socios con posesión de más de 30.000 viviendas. Más de la mitad de los afiliados son pequeños propietarios con entre una y cuatro viviendas, aunque también participan empresas con carteras grandes.
Anna Puigdevall, la directora general de Som Habitatge, ha defendido en una entrevista con Metrópoli que hoy en día los derechos y los deberes entre inquilinos y propietarios están desequilibrados y que es necesario que vuelvan a equipararse. “Los propietarios solo tienen deberes, mientras que son los inquilinos quienes tienen garantizados los derechos”, asegura.
Todo ello, en un clima en el que el sector privado ha perdido por completo la confianza en las administraciones y se ha quebrado el mercado “a base de anécdotas”.
Ha pasado un año desde la creación de la asociación, ¿qué ha cambiado?
Las leyes siguen ahí y algunas continúan en la misma dirección que las que no han funcionado, como los topes al precio del alquiler. Nosotros hemos sido críticos desde el principio con esta medida. Si realmente se hiciese bien, tampoco supondría un problema para los propietarios; lo que pasa es que se ha generado inseguridad jurídica a su alrededor. ¿Qué pasa si después no pagan? ¿Y si okupan el piso? Evidentemente, el propietario no puede abusar nunca del inquilino, pero también entendemos que el inquilino tiene deberes, no solamente derechos. Este desequilibrio entre los deberes y derechos es casi más peligroso que el propio tope al alquiler.
Los datos del Incasòl muestran que el precio de los alquileres ha bajado. ¿Por qué dice que no ha funcionado?
El tope se ha calculado como una media. La mayoría de los pisos que estaban por encima —que eran los mejores y más acondicionados del mercado— se han desviado a la compraventa porque a los dueños no les salía a cuenta rebajar los precios. Al mismo tiempo, los pisos por debajo de la media, los más asequibles y de peor calidad, han subido sus rentas para equipararse al tope. Así, lo que se ha conseguido es que el precio del alquiler no sube, pero las personas con menos renta les cuesta más acceder a una vivienda porque las de menos valor se han encarecido.
Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, en una entrevista con Metrópoli BARCELONA
¿Qué ocurrirá con los pisos de temporada ahora que también están topados? La gran parte de la oferta en los portales continúa siendo de este tipo...
Como las leyes cambian tan rápidamente y dependen del color político, en estos momentos a los propietarios les da más miedo poner un alquiler de 5 o 7 años que hacerlo temporal. Por tanto, a menos que les des ventajas fiscales y seguridad, será difícil que se revierta esta situación. Además, con el alquiler temporal tienes la certeza de que los inquilinos se marcharán porque ya tienen sus residencias habituales y suelen ser más solventes.
¿Qué puede pasar con los pisos turísticos en 2028?
No tengo claro que esos pisos vayan al mercado del alquiler habitual. Son apartamentos adecuados para la rotación, el turismo y están totalmente equipados. Por tanto, será más fácil que se vayan al arrendamiento de temporada para estudiantes o a la compraventa porque no saldría a cuenta ponerlos de alquiler de larga duración con toda la inversión realizada. En todo caso, los 10.000 pisos representan el 1% del parque, seguramente no se resolverá la crisis.
Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, en una entrevista con Metrópoli BARCELONA
A raíz de la modificación del concepto de “gran tenedor” en Catalunya, ¿qué significa para vosotros?
El concepto de gran tenedor se lo han inventado las administraciones para poder regular el mercado. En el resto de Europa no existe y en Alemania, por ejemplo, donde el 50% son grandes tenedores, hablamos de gente que tiene más de 2.000 o 3.000 inmuebles. Para mí un gran tenedor es aquel que tiene capacidad de influir sobre los precios del mercado. Si me dices que una persona que tiene cinco inmuebles ya es un gran tenedor --teniendo en cuenta que ahí ya le cuenta su propia casa o una posible segunda residencia-- es evidente que esa persona no tiene ninguna capacidad de influencia…
¿Cuáles son las principales preocupaciones de los propietarios en Barcelona?
Hay un discurso en la sociedad que culpabiliza al propietario de un problema estructural que va mucho más allá y que es responsabilidad de las administraciones. La gran mayoría somos personas normales que tenemos unos ahorros y lo único que queremos es que el mercado funcione correctamente.
¿Y la inseguridad jurídica?
Sí. También preocupa mucho el tema del marco jurídico, no solo porque las leyes parecen ir en contra de los propietarios, sino desde el punto de vista de las sanciones. Algunas son absolutamente exageradas, de hasta 900.000 euros. Nos llegan muchas consultas por temas legales porque algunas personas están muy perdidas por la complejidad de las leyes y tienen miedo de hacer alguna cosa mal sin querer. A nuestros abogados también les cuesta interpretar las leyes, además algunas duran meses y otras resultan luego inconstitucionales.
Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, en una entrevista con Metrópoli BARCELONA
Eso ha pasado con la prórroga extraordinaria de los alquileres y la contención de rentas, que estuvo en vigor solo un mes.
Exacto. Y acabará judicializado porque hay discrepancias entre abogados. Unos dicen que, al haber tenido una vigencia de un mes, solo los contratos que vencían durante ese mes son correctos; otros sostienen que, al permitir la ley hacerlo por avanzado, se pueden aplicar las condiciones a contratos que venzan hasta finales de 2027… Al final será un juez el que interprete la norma, pero este es un ejemplo de que hacemos leyes de vivienda desde un punto de vista más electoralista. Se ha roto la confianza con las administraciones y hemos roto el mercado a base de legislar por anécdotas y casos mediáticos.
¿Qué se puede hacer para revertirlo?
Necesitamos generar un marco donde los propietarios confíen en las administraciones y en los inquilinos y viceversa. Y que si alguien hace algo mal, que lo pague. A pesar de todo, noto que de un tiempo a esta parte, las administraciones están un poco más abiertas a escucharnos porque ven que el mercado no funciona.