Más de 1.000 concentrados en Barcelona para reclamar políticas de vivienda
Acceso a la vivienda, la nueva frontera de la precariedad y la libertad
"Regular el mercado de la vivienda y apostar por una oferta pública potente no es óbice para facilitar e incentivar la inversión del sector privado tanto en vivienda nueva como en rehabilitación de un envejecido parque inmobiliario"
Históricamente, el empleo ha sido el principal vector de integración en nuestras sociedades. Tener trabajo significaba tener la posibilidad de progresar. Sin embargo, en las últimas décadas, colectivos como los jóvenes, han sufrido una precariedad estructural que, sumado a una crisis general del acceso a una vivienda digna y asequible, ha truncado la confianza en la idea de progreso.
La consecuencia es la ruptura del vínculo emocional y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y en muchos casos en el propio sistema democrático, dejando un espacio vacío que ocupan los movimientos y partidos populistas de extrema derecha.
Hoy, la principal brecha social ya no es la que se dibuja en las oficinas de empleo, sino en la crisis de acceso a la vivienda en nuestras ciudades. La vivienda se ha erigido como la nueva frontera de la precariedad.
Una barrera invisible pero determinante para decidir quién puede plantearse construir un proyecto de vida estable, frente a aquellos que están condenados a una provisionalidad perpetua. Esta frontera ha creado una nueva geografía de la desigualdad que no solo es física o territorial, sino que confina a miles de ciudadanos a la periferia económica y social aun estando físicamente dentro de la ciudad.
La realidad de hoy es que el mercado inmobiliario ejerce una fuerza centrífuga que expulsa a las rentas medias y bajas de los centros de oportunidad de las principales metrópolis.
En muchos casos obliga a las familias y los jóvenes a desplazarse a zonas alejadas, peor conectadas y dotadas, con redes de transporte limitadas y peores servicios públicos. Una expulsión a la periferia física que genera además brechas de tiempo al dedicar mucho más tiempo a la movilidad.
Además, estar fuera de la metrópolis significa estar lejos de la cultura o de los principales nodos de decisión.
Incluso aquellos que logran permanecer en la metrópolis, la vivienda puede convertirse en una periferia económica. Destinar más del 40% o 50% de sus ingresos netos al alquiler o a la hipoteca, los asfixia económicamente y actúa como un impuesto indirecto a la movilidad social.
Sin capacidad de ahorro, no hay capacidad de enfrentar imprevistos y cronifica la vulnerabilidad y la precariedad. La vivienda deja de ser así un activo de estabilidad para convertirse en un sumidero de recursos que impide cualquier inversión en formación o bienestar.
Y es que incluso con un trabajo estable, la falta de vivienda digna es una nueva forma de exclusión que erosiona el sentido de pertenencia y obliga a vivir en una sensación de provisionalidad que afecta igualmente a la salud mental.
Durante muchos años, las élites políticas y económicas no prestaron atención a la política de vivienda dejándola en manos del mercado, a diferencia de la educación, la sanidad o incluso las políticas de dependencia. Hoy sabemos que la crisis de la vivienda ya no es un problema individual, es una fractura sistémica que erosiona la confianza en el contrato social y en el propio sistema democrático.
Si el esfuerzo y el trabajo ya no garantizan un lugar digno donde vivir el en tu ciudad, la democracia pierde legitimidad y alimenta los monstruos de los nuevos bárbaros de la extrema derecha y los populismos que ofrecen confort emocional a través de proclamas simplistas y muy pocas soluciones.
A pesar de la emergencia y de la urgencia de la crisis habitacional, el futuro no tiene por qué ser un lugar distópico. Debemos reconstruir la idea de progreso combinando las políticas de choque a corto plazo con medidas y políticas estructurales a medio y largo plazo. Pero seamos claros, ningún gobierno estatal, regional o local será capaz de enfrentarlo por sí solo.
Necesitamos un nuevo pacto transversal por la vivienda basado en la soberanía social y la energía del territorio y sus actores institucionales, económicos y sociales. Algo que es especialmente dramático y necesario en la Barcelona metropolitana. Un nuevo contrato social que saque a la vivienda de la disputa política diaria para convertirla en una política de país y despliegue un abanico de medidas con audacia y sentido de urgencia alejado del dogmatismo ideológico y del tacticismo político.
Resulta sorprendente, por ejemplo, cómo no hemos sido capaces de acordar una alternativa a la polémica medida del 30% de vivienda de protección oficial (VPO) en las nuevas promociones de vivienda en la ciudad de Barcelona.
Si bien la medida fue bienintencionada en su momento, se ha manifestado como ineficiente para acelerar la disponibilidad de vivienda en Barcelona. No es aceptable bloquear la solución, ya sea por dogmatismo o por hacer oposición al gobierno de turno de la ciudad, debe primar el interés general.
Se pueden buscar alternativas imaginativas y posibles respetando ese objetivo para acelerar la construcción de vivienda nueva por parte de los promotores privados a la vez que apostamos por una inversión masiva en la movilización del parque público de vivienda para alcanzar el objetico de un 15% o 20% de vivienda social.
Regular el mercado de la vivienda y apostar por una oferta pública potente no es óbice para facilitar e incentivar la inversión del sector privado tanto en vivienda nueva como en rehabilitación de un envejecido parque inmobiliario.
Dignificar lo que ya está construido a través de la rehabilitación no deja de ser igualmente una apuesta por la cohesión social y una forma de devolver el derecho a la ciudad a muchas familias y personas de barrios populares y las administraciones no van a poder afrontarlo por sí solas. Negar la evidencia es una forma de irresponsabilidad política. Hay que tener el coraje de proponer métodos nuevos e innovadores que supere la burocracia paralizante.
Todo ello no puede hacerse, sin embargo, sin una gobernanza mucho más sofisticada, responsable y colaborativa. Todos nos necesitamos a todos, por lo que hay reconstruir las complicidades entre instituciones, sector privado y entidades sociales para diseñar nuevas coherencias que permitan de forma ágil, con innovación regulatoria y recursos para afrontar el problema.
Las promesas de valor que proyectan la solución para la próxima década parece no hacerse cargo del estado emocional, económico o social de la sociedad. Necesitamos consensos, acción, recursos y agilidad administrativa, y el que no esté por la labor debería apartarse del camino.
En definitiva, la vivienda es la nueva frontera donde convergen todos los derechos. Sin un techo digno y asequible, no hay estabilidad, ni salud, ni integración escolar, ni estabilidad laboral. Sin una vivienda digna y asequible, la ciudad se convierte en un “no lugar”, un territorio con la libertad amputada y fuente de una nueva forma de exclusión.
La vivienda debe dejar de ser la nueva frontera de la precariedad para volver a constituir los cimientos sobre el que construir la dignidad humana. Solo entonces podremos decir que nuestras ciudades son verdaderamente inclusivas y un lugar para todos, no solo de quienes pueden permitírselas.
