Colas para la regularización de papeles frente al consulado de Pakistán
Vuelven las colas de pakistaníes al Raval
"Hacer esta regularización, y hacerla así, solo es fruto de la irresponsabilidad y de una mala praxis administrativa del Gobierno de España o de un equivocado cálculo político electoral de los partidos que lo sustentan o de ambas razones"
Corría el mes de marzo de 2014. Se celebraban las elecciones primarias del PSC de la ciudad de Barcelona para designar su alcaldable en las elecciones municipales a convocar el año siguiente. En aquellos comicios internos destacó, además del resultado electoral final, las colas de pakistaníes que acudían a votar en aquellas primarias socialistas en el barrio del Raval. Aún más sorprendente resultó, que estos singulares electores reconocieran sin cortapisas que no sabían para qué y al candidato a quien votaban en las urnas. Salió victorioso en las urnas por un estrecho margen de sufragios y una amplia controversia, Jaume Collboni.
No hurgaré en ese episodio, pero es inevitable que algunos lo recordemos cuando se atisban, una década después, otras colas de pakistaníes en el Raval. Es obvio que el motivo es otro. Ahora, se trata de obtener los beneficios derivados de la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales.
No se trata de promover votos dirigidos, al menos en este momento, pero sí de las legalizaciones pertinentes encaminadas a permitir trabajar a personas en situación irregular en nuestro país. Esta vez los solicitantes aunados en colas ante dependencias públicas son de distintas nacionalidades, siendo la pakistaní una de las más recurrentes.
El proceso de regularización es tan precipitado como erróneo. Es laxo al no exigirse, junto a los antecedentes penales, los policiales que pudieran determinar si el solicitante extranjero tiene causas judiciales pendientes de resolución o de sentencias condenatorias no firmes. Al tratarse de una regularización masiva y excepcional. Debiera haberse incorporado esta exigencia particular para ratificar que el solicitante, lejos de hallarse en España para encontrar una oportunidad de vida, no hace del delito su hábito conductual. El informe gubernativo que pudiera resolver esta cuestión ni se concreta ni es vinculante en el Decreto de regularización.
Por otra parte, el contrato laboral solo es exigido con una duración mínima de 90 días, sin precisar concreción de horas ni de retribución. Basta, alternativamente, una declaración simple de querer ser autónomo, trabajador por cuenta propia, sin otra determinación. Por si la razón laboral o familiar, también prevista, no pudiera acreditarse, es suficiente aportar un informe de vulnerabilidad.
Este documento último carece de interpretación alguna para la evaluación suficiente de los criterios a aplicar (personales, sociales, económicos, etc.), para ser considerada favorable su emisión. Todo lo anterior, unido a la exigencia de una residencia continuada y, por ejemplo, al menos cinco meses, acreditada la presencia continuada, por ejemplo, en el padrón municipal, desde antes del 1 de enero de 2026, convierten a esta regularización en un coladero.
Es inédita por su alcance y exigencias y no será la última. Se ignora, por otra parte, cuántas miles de personas accederán a ella, probablemente más del medio millón previsto, y a las que habrá que adicionar las decenas de miles de extranjeros, “los nietos” de españoles, que han solicitado la nacionalidad “excepcional” amparándose en una normativa legal reciente.
A ello, añádase el colapso administrativo que generará y que agravará las demoras en la resolución de los centenares de miles de expedientes de extranjería ya iniciados o en tramitación conforme a la ley por arraigos distintos de obtención y de renovaciones de permisos de residencia y de trabajo, amén de los de nacionalidad ordinaria y “extraordinaria” en curso.
Hacer esta regularización, y hacerla así, solo es fruto de la irresponsabilidad y de una mala praxis administrativa del Gobierno de España o de un equivocado cálculo político electoral de los partidos que lo sustentan o de ambas razones. Se promueve la misma con la Unión Europea que cuestiona el proceso y sus consecuencias y con un Congreso de Diputados al que se le ha hurtado el incidir y decidir sobre la oportunidad de esta regularización, su proceso y el alcance.
Se aplica el “regularícese a quien quiera” y no a quien España necesita o a quien se haya hecho acreedor de este derecho. Hacerlo, y hacerlo así, en el ahora o en el cómo, es un error del que se servirán quienes ven la inmigración como un problema.
La inmigración es tan necesaria como lo es que sea ordenada y exigente para aquellos a los que España les abre puertas y sus brazos. En correspondencia se le debe exigir legalidad, de acogida de cuanta el país pueda absorber en servicios, techo y empleo e integración y respeto a nuestras costumbres y a la convivencia.
