Foto de archivo de la verbena de Sant Joan en una playa de la Barceloneta con el hotel W Barcelona al fondo
Las dichosas hogueras
"Protecció Civil dejó en manos de los ayuntamientos la prohibición de las fallas verbeneras, pero al final ha tenido que ser la Generalitat la que ha suspendido 238 fuegos demasiado peligrosos"
Las temperaturas que se registran en toda España aconsejan tomar medidas para disminuir el riesgo de incendios. Entre ellas, como es lógico en estas fechas, las que tienen que ver con las tradicionales hogueras de la noche de Sant Joan, en la verbena.
La alerta es máxima, especialmente en lugares como Sant Cugat o Gavà con bosques metropolitanos, aunque el nivel más alto por peligro de incendio afecta a 298 municipios catalanes, 17 de ellos en la comarca del Baix Llobregat.
Protecció Civil lleva días dando consejos, a la vez que ha derivado la responsabilidad de autorizar, o no, las fallas veraniegas a los ayuntamientos.
Es curioso, pero el único consistorio que ha tomado una decisión drástica ha sido el de Castelldefels: prohibir los establecimientos de venta de pirotecnia. Ninguno de los 1.900 que funcionan estos días en Catalunya lo hace en esta localidad del Baix Llobregat.
Me pregunto si tendrá algo que ver que Castelldefels esté gobernada por un hombre del PP. Y no es porque piense que los conservadores son menos amantes del ruido o de las fiestas, sino porque cabe la posibilidad de que Manu Reyes sea poco dado a esa flojera conocida como buenismo; o sea, eludir el compromiso y la toma de decisiones.
Y es que llama la atención que en medio de este panorama tan extraordinario que vivimos los planes verbeneros se hubieran mantenido casi como si no pasara nada. Quizá es por eso que nuestras autoridades actuaban con tanta prudencia y se limitaban a rogar que extrememos la precaución.
El País Vasco y Galicia
Santurce, Ortuella, Barakaldo y Getxo son algunos de los ayuntamientos vizcaínos que han suspendido las hogueras de San Juan. Lo mismo sucede en los guipuzcoanos de Eibar, Urretxu o Errenteria. Ni piras ni fuegos artificiales hasta que la cosa amaine.
Los municipios gallegos de Padrón y Villagarcía de Arousa, que han sufrido graves incendios recientemente, han dado un paso al frente para prohibir la pirotecnia en estas fechas.
De forma inmediata, la patronal del sector –que hasta ahora había tenido una vida más que discreta-- ha puesto el grito en el cielo para amenazar a los concejales de las comisiones de festejos.
Dice que actuará contra quienes “alienten e inviten públicamente a no contratar pirotecnia basándose en motivos ideológicos, populistas, discriminatorios y que vulneran, entre otros, el derecho fundamental al trabajo".
Desde su punto de vista, no existen evidencias de que los cohetes y demás explosivos tengan relación alguna con los siniestros. Terraplanismo en estado puro.
Vehículos eléctricos Chery en el Automobile Barcelona
El Institut Metrópoli sondeó la opinión de los barceloneses en 2022 para llegar a la conclusión de que la crisis climática animaba a decir al 21,2% de ellos que ya no viajaban en avión, mientras que el 62% se atrevía a anticipar que en el futuro dejaría de hacerlo.
El 16,5% no disponía de vehículo privado, y el 70% planeaba prescindir de él. Un 4% ya tenía placas fotovoltaicas en su casa y el 67% se proponía instalarlas.
También decía que el 6% conducía un coche eléctrico o híbrido y, además, el 47% aseguraba que planeaba el cambio.
El único de esos propósitos que se ha cumplido es el del automóvil, puesto que ahora el 10% del parque metropolitano pertenece a las categorías menos contaminantes. Aunque quizá sería precipitado inferir que esa evolución responde solo a criterios medioambientales.
Poca fe en la crisis climática
Lo cierto es que 2022 fue un año muy caluroso, el más cálido de la serie con una desviación de 2,7 grados de la media. Y que 2025 se llevó mejor: fue el cuarto más caluroso, con una anomalía de 1,2 grados.
Puede que las Administraciones deban tener más presente esa volatilidad de las prioridades de los ciudadanos a la hora de fijar sus políticas, quizá así perderían miedo a tomar decisiones.
Unos pocos consistorios de las comarcas más tórridas de Lleida se han puesto de acuerdo para cancelar las hogueras por el elevadísimo riesgo de incendio en las cosechas de cereales. Puede que hayan sido los únicos. Y también da la impresión que eso de dejar la iniciativa a los consistorios no ha sido muy productivo, pese a que el año pasado por estas fechas los bomberos recibieron 1.300 llamadas relacionadas con los fuegos.
Al final, ha tenido que ser la Generalitat la que se moje e imponga 238 prohibiciones. Menos mal.
