Un gobierno progresista en Barcelona, la necesidad de aplicar políticas de progreso en la capital catalana. Ese ha sido el lema de los socialistas en los últimos meses, con la idea de formar gobierno en el Ayuntamiento con el concurso, se entendía, de “fuerzas progresistas”. Pero, al margen de que las coyunturas cambian, ¿qué quiere decir hoy ese concepto del ‘progreso’? ¿Puede ser partícipe JxCat de esa apuesta? Jaume Collboni entiende que hay cuestiones que no deberían tener etiquetas, y que se pueden establecer acuerdos con aquellos partidos que, sencillamente, quieran hacer las cosas bien, o, en todo caso, sin duras confrontaciones con otros muchos actores de la ciudad que quieren ser escuchados.

Esa debería ser, en todo caso, la proridad de un alcalde, al margen de su apuesta ideológica. Y Barcelona ha vivido en los últimos años una dialéctica complicada, entre buenos y malos, entre ‘capitalistas desarrollistas’ y ‘progresistas que siguen el signo de los tiempos’. Esa dicotomía se ha plasmado en la sentencia sobre la reforma de la calle Consell de Cent, convertida en una superilla, en un eje verde, sin atender que esa decisión debía implicar la modificación del Plan General Metropolitano, como ha explicado de forma brillante Anne Carlero en esta misma sección de Metrópoli.

Los socialistas querían y quieren –otra cosa es que asuman que cada vez será más difícil—llegar a un acuerdo con los comunes, desde la premisa de que el partido de Ada Colau ya no será el mismo, de que entenderá que ha llegado el momento de escuchar a todos, de aparcar la ideología, el ‘sectarismo’. Pero la propia dinámica de la ciudad dificulta esa aproximación. Con diez concejales, Collboni desea esperar y comprobar lo que suceda en el Congreso, con la investidura de Pedro Sánchez en juego. Aunque esa cuestión no es menor, el PSC tiene en cuenta también que su propio proyecto de ciudad se podrá implementar con más garantías si el socio es otro distinto a los comunes. Y en esas llega la posibilidad de pactar un gobierno sólido con JxCat, la formación de Xavier Trias, que acaba de decidir que no se irá todavía a su casa, y que necesita orientar a su grupo municipal y atar las posiciones de gobierno que le corresponda.

¿Una desfachatez por parte de todos? Las acciones han quedado claras. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle –ex socialista, hoy en Units per Avançar, el partido heredero de Unió Democràtica— nombró este verano a Montserrat Surroca como comisionada de Convivencia. Es una persona de confianza de Batlle, y proviende de esa familia política, de Unió, el mismo partido de Josep Sánchez Llibre, el presidente de Foment, que ha obtenido una victoria importante con la sentencia sobre la superilla de Consell de Cent, porque la patronal, junto a la entidad de comerciantes Barcelona Oberta, promovieron las alegaciones en contra de esa reforma urbanística.

Surroca ha sido bien valorada por Xavier Trias. Es el retorno de la vieja CiU, aunque ya no sea la misma, reconvertida en un artefacto que sigue siendo extraño, como es Junts per Catalunya. Esa designación corre en paralelo a otras actuaciones del gobierno de Collboni, como el Plan Endreça, que endurece sanciones a los que ocupan el espacio público sin permisos, y busca el orden y la limpieza en la ciudad. Para los comunes no es el camino que se deberia seguir, pero sí lo es para el PSC y JxCat lo aplaude.

Aunque sería curioso, porque fue Trias quien ganó las elecciones –las cosas de las votaciones—lo que se acerca es el acuerdo que se había definido en los últimos meses antes de los comicios: un pacto entre el PSC y el partido de Trias que pudiera funcionar como un cambio de rasante en la ciudad. Puesto que el propio Trias ha descartado que esté en juego la posibilidad de ser alcalde, dentro de las negociaciones que mantiene JxCat con el PSOE para garantizar la investidura de Sánchez, lo que se acerca es el refuerzo de la alcaldía de Collboni con el concurso de los concejales de JxCat.

¿Una frase? La de Laia Bonet, primera teniente de alcalde. La socialista señaló que está en contra del “urbanismo de confrontación” y que, tras la sentencia de Consell de Cent, se buscará el diálogo y se escuchará a todos los actores implicados. ¿Destinatario de la aseveración? Los comunes de Ada Colau, claro, que no saben ahora qué itinerario escoger, convencidos de que en septiembre acabarían formando parte del gobierno municipal, con casi las mismas áreas que dominaban antes de las elecciones, como urbanismo.