La Audiencia obliga a Oriol Pujol a ir a juicio

El exsecretario general de Convergència democrática de Catalunya (CDC) Oriol Pujol Ferrusola deberá ir a juicio finalmente, acusado de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil. Así lo determina un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, que anula el pacto al que el político había llegado con la Fiscalía para autoinculparse de esos delitos a cambio de que su esposa, Anna Vidal, (también acusada en la causa) no fuese a prisión.

En este juicio –que tendrá jurado popular- hay seis acusados. Además de Pujol y su esposa, están los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou, así como el exalto cargo de CDC y asesor de la Generalitat Josep Tous. Todos ellos habían llegado a acuerdos con la Fiscalía, excepto Tous, que se negó a firmar un pacto alegando que se había vulnerado su derecho a la defensa y que las escuchas telefónicas practicadas eran ilícitas. Luego se sumó a su recurso Sergi Alsina. En un auto emitido este miércoles, la magistrada Carmen Zabalegui admitió, en parte, la vulneración de derechos y rechazó la ilegalidad de las escuchas, rechazando al mismo tiempo el pacto de los acusados cono Fiscalía al no haber habido unanimidad en el mismo y ordenando “la prosecución del juicio para los seis acusados”.

En el auto de apertura de juicio oral se detallan las actuaciones de todos ellos, en lo que se conoce como “trama de las ITV”. La principal acción que se les achaca es el intento de modificar el mapa de las estaciones de inspección técnica de vehículos en Catalunya para quitar a Applus algunas de estas estaciones y quedárselas el clan de amigos de Oriol Pujol.

Sergi Alsina, compañero de clase del político, fue quien urdió la trama, apoyado por Sergio Pastor (que precisamente había sido máximo directivo de Applus) y Ricard Puignou. Alsina también tenía como empleada a Anna Vidal Maragall, esposa de Oriol Pujol.

Al margen de la modificación del mapa de las ITV, el grupo había puesto su punto de mira en el asesoramiento de grandes multinacionales que querían deslocalizarse y abandonar Catalunya. Así, fue Alta Partners, la empresa de Alsina, quien medió para que las compañías Sony, Sharp y Yamaha pudiesen vender sus activos y marcharse a otra parte. Esta segunda línea de actuación fue la única que verdaderamente llevó a cabo hasta el final el grupo, puesto que el intento de modificar el mapa de las ITV fue truncado tras la actuación policial y la detención de los empresarios, de Tous e incluso del subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, que, aunque al principio figuró como imputado, acabó siendo retirado del proceso porque su actuación no estaba concertada con la del resto de acusados.

LA GRAN PARADOJA DE PUJOL

Curiosamente, Oriol Pujol, como presidente del grupo parlamentario más amplio del Parlamento debía velar por que las multinacionales no se deslocalizasen. Pero, al final, acababa siendo recompensado económicamente precisamente por esas deslocalizaciones: su esposa cobró de Alta Partners un total de 381.450,40 euros entre 2010 y 2012 por ayudar en el asesoramiento de las multinacionales. Se da, pues, la curiosa circunstancia de que, en el Parlamento Oriol Pujol cobraba por evitar las deslocalizaciones y, fuera de la cámara, su esposa cobraba por ayudar a que esas deslocalizaciones se hiciesen efectivas.

Una última línea de actuación del grupo tenía como objetivo la aprobación de leyes que favoreciesen sus intereses. Así, los empresarios amigos ya habían creado una empresa que, con el tiempo, sería la adjudicataria para efectuar una auditoría mediambiental en todas las viviendas catalanas. Para ello, la versión política de la trama, es decir, Oriol Pujol, debía llevar al Parlamento los correspondientes decretos para obligar a todas las viviendas a pasar por esa auditoría. Sus amigos empresarios, con las empresas ya a punto, se harían con las concesiones y, a partir de ese momento, sólo tendrían que esperar para hacerse de oro. La intervención policial evitó que llegasen a plantear la obligatoriedad de la auditoría por ley.

En la red, cada cual tenía su cometido: Oriol Pujol controlaba el proceso político de los procesos que interesaban al grupo, desde la aprobación de decretos hasta las medidas que debía tomar la administración. Los tres empresarios, por su parte, eran los que ponían el entramado empresarial al servicio de sus intereses. La esposa de Oriol estaba en medio para cobrar las comisiones correspondiente y Josep Tous era el hombre de confianza que Pujol puso en la Generalitat parea hacer que las consejerías se plegasen a los intereses de los empresarios amigos.

Tous, que tenía un evidente peso en el partido gracias a su cercanía a Oriol Pujol, ejercía como asesor del Gobierno, aunque cobraba mediante facturas que emitían sus empresas particulares algo más de 70.000 euros anuales. Paralelamente, cobrara otros 2.000 euros al mes que le pagaba Sergi Alsina para que, presuntamente, favoreciese sus intereses desde dentro de la Administración.

UN ELEMENTO ACTIVO

Oriol Pujol, por su parte, fue un agente activo en la pergeñación de los proyectos del grupos. La policía se hizo con conversaciones telefónicas y con mensajes entre él y los otros implicados que apuntan a una actuación concertada para objetivos espurios. También realizó seguimientos y fotografió a todos los implicados en diversas reuniones y comidas. El auto de apertura de juicio oral se llega a señalar, por ejemplo: “Oriol Pujol Ferrusola intervino directa e indirectamente en las negociaciones para la venta de la planta de Sharp: hablando con los dueños de la mercantil CIRSA, facilitando el acceso al President de la Generalitat de Catalunya, así como facilitando el contacto con el Director de la Agencia Tributaria Catalana a fin de obtener información fiscal en relación con la operación, y con altos cargos del Departamento de Empresa y Ocupación; coordinando llamadas y actuaciones con Sergi Alsina Jiménez, e incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación. Gracias a la labor fundamental de Oriol Pujol Ferrusola, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa de Sergi Alsina Jiménez, tuvo el éxito esperado”. Y destaca en otro párrafo que Pujol actuaba aprovechándose de “los relevantes cargos políticos que ostentaba”.

Sobre su esposa, explica que “se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias, al margen de copiar documentación elaborada por otras personas, carente de valor a efectos de un posible informe o trabajo realizado merecedor de la retribución percibida”.

Así las cosas, la justicia pedirá para Oriol Pujol un total de dos años y medio de prisión, con una multa de 55.000 euros y otra de 7 meses con cuota diaria de 100 euros. Para Alsina, reclama cinco años y dos meses de prisión con multa de 55.000 euros y otra de 10 meses con cuota diaria de 200 euros por los mismos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil. Para Anna Vidal, se solicitan quince meses de prisión con multa de seis meses con cuota diaria de 75 euros (sus penas de prisión se pueden sustituir por multas de 31 meses con una cuota diaria de 75 euros). Para Tous, se pide un año de prisión, mientras que para Pastor se reclaman cinco meses de prisión y una multa de 55.000 euros (la prisión puede ser sustituida por una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros, lo que totalizaría 60.000 euros) y para Puignou, sólo cinco meses de prisión que puede canjear por una multa de 60.000 euros.