Joan Ràfols: “Colau destroza con la superilla toda la filosofía del Eixample de Cerdà”

Joan Ràfols es el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida. Economista, ha realizado estudios de análisis de mercado inmobiliario en el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, y de Economía Urbana en la Universidad de Harvard. Fue director gerente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Catalunya y director general de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat. Su posición es clara respecto al urbanismo en Barcelona. La Cámara de la Propiedad Urbana ha presentado un paquete de alegaciones contra los proyectos de la superilla del Eixample. “Colau destroza con la superilla toda la filosofía del Eixample de Cerdà”, señala, en conversación con Metrópoli.

El proyecto estrella de los comunes, de Ada Colau, es la superilla del Eixample, que, de hecho, supone una transformación de toda la ciudad de Barcelona. Es lo que expone Ràfols, al entender que se busca “el impacto y se juega constantemente con el eslogan, con imágenes muy bonitas de cómo quedaría todo, sin pensar en las consecuencias”.

¿De qué tipo? El proyecto de la superilla abarca la calle Consell de Cent, entre Vilamarí y el Paseo Sant Joan. El objetivo es esponjar unas determinadas calles, con menos presencia de vehículos y con un cambio de usos económicos, que ha causado el propio rechazo del PSC, socio de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona. “Es una transformación radical, son cuatro proyectos de obra que se basan en un documento básico que no ha sido expuesto, ni tan sólo se ha aprobado. Y eso lo determina todo, porque no quedará afectado el Eixample, sino toda la movilidad del área metropolitana”, indica Joan Ràfols, que, sin embargo, es consciente de que las alegaciones que ha presentado pueden tener un recorrido muy corto. "No las tendrán en cuenta, como ha pasado con otros proyectos de la ciudad", sentencia.

UN ORGANISMO CON 14.000 SOCIOS PROPIETARIOS

Por ello, la plataforma Salvem Barcelona, que lideran Jacint Soler Padró y Francesc Granell, entiende que la mejor vía para paralizar el proyecto es enviarlo a Fiscalía. Y, de hecho, la Fiscalía ya ha aceptado la denuncia y ha iniciado la investigación. Ràfols entiende la posición de Granell, expresada en una entrevista en Metrópoli, pero considera que lo primero es presentar esas alegaciones “principalmente para que la oposición, del color que sea, sepa con qué argumentos se puede contar, qué está en juego y cómo puede cambiar toda la movilidad metropolitana”.

Ràfols está al frente de un organismo que agrupa a 14.000 socios, la mayoría pequeños propietarios, de dos o cuatro viviendas urbanas en Barcelona, aunque también figuran particulares con entre 30 o 40 inmuebles y dos grandes empresas que tienen inmuebles de protección oficial y los destinan al alquiler. No tiene, sin embargo, ningún fondo de inversión ni grandes propietarios en su seno. Si fuera por el interés estricto de sus socios, de los que poseen esas viviendas en el centro de Barcelona, Ràfols tampoco cree que el proyecto aporte un beneficio: “A priori se podría pensar que si se deja la calle donde vivo o tengo viviendas como si fuera una especie de jardín bucólico, que es lo que parece con esas imágenes impactantes que difunde la alcaldesa Colau, el inmueble ganaría valor, pero es que es el entorno el que quedará perjudicado y, por tanto, será negativo para todos. Una calle puede mejorar, pongamos por caso Consell de Cent, pero, ¿qué pasa con las adyacentes, con las que quedan por arriba y por abajo? Los vehículos no pueden desaparecer por completo”, asegura.

La idea de este economista es que las grandes ciudades, las que presentan un gran dinamismo económico deben pagar un precio y es que “no pueden ser esos jardines que se dibujan”. Se “puede y se debe” pensar en una mejora medioambiental, “pero hay que tener presente la riqueza que se genera, y el Eixample es un gran eje económico, no solo para la ciudad de Barcelona, sino para todo el área metropolitana”, añade. Y desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, su conclusión es que la reforma le restará personalidad al Eixample. “Colau, con la superilla, destroza toda la filosofía del Eixample de Cerdà”. El coche, a su juicio, "viene al centro por motivos económicos, mucho más que por alguna cuestión de ocio".

Puede que haya un objetivo detrás de toda la política urbanística de los comunes, a juicio de Joan Ràfols, y es que se quiera reducir la presencia del vehículo privado “a través de la congestión, que se produzca una cierta resignación y se abandone ese coche privado porque la congestión es insoportable”.

En las alegaciones de la Cámara de la Propiedad Urbana se considera que el Ayuntamiento de Barcelona puede cometer una “infracción urbanística”, porque “a través de una obra ordinaria se modifica de manera radical la función básica de un sistema urbanístico como es el viario, hasta el punto de hacerlo irreconocible”.

ECONÓMICAMENTE NEGATIVO "PARA TODOS"

Ràfols, al ser preguntado por cuestiones que podrían resultar menores, como la alusión al cuerpo de Bomberos, reacciona con severidad. “Es que no se ha pensado en que los Bomberos deben ser informados y que deben presentar un informe en el que se garantice que las condiciones de actuación de los servicios de emergencia no empeorarán”. El economista lo esclarece: “Hay muchos árboles, flores, todo parece muy bucólico, pero, qué entradas hay, qué salidas, cómo quedarán los bajos, no es un proyecto que nos pueda dejar tranquilos”.

Las alegaciones de los propietarios urbanos obedecen a criterios principalmente técnicos. Desde el punto de vista político, Ràfols insiste en que debe haber argumentos para que otras fuerzas políticas puedan presentar alternativas. Para este economista, el PSC, pese a plantarse en el plan de usos del Eixample que plantean los comunes, ha acabado aprobando la puesta en marcha del proyecto de la superilla, que es la gran imagen que quiere conseguir Colau de cara a las elecciones. Lo entiende, porque “es un pacto de gobierno, uno defiende un ámbito y el otro otras áreas, y se deben apoyar, si forman un gobierno de coalición”. Pero insiste en que “económicamente no será bueno ni para la ciudad, ni para los propietarios del distrito, ni para todo el conjunto del área metropolitana”.

Y lo compara con la ley catalana para limitar los precios de los alquileres. “Los precios se limitaron durante la pandemia, pero no fue gracias a la ley, sino a las circunstancias, con una menor demanda, con falta de turistas y de trabajadores extranjeros. Es la ley de la oferta y la demanda la que provoca cambios en el precio de los alquileres”, concluye.