Castelldefels es una población de casi setenta mil habitantes censados, según las estadísticas. Y a ellos hay de sumar los miles de turistas que la saturan cada verano. Los nativos de Castelldefels se llaman casteldefelenses, patronímico casi tan complicado como los planes urbanísticos de un Ayuntamiento al que se oponen ecologistas y no ecologistas. Su alcaldesa es María Asunción Miranda, militante de aquel PSC del Baix Llobregat algunos de cuyos alcaldes se amotinaron contra Raimon Obiols y uno de ellos, llamados capitanes, llegó a presidir la Generalitat y otro a ministro de trabajo. Forjada entre tanto socialista metido en líos urbanísticos, como su correligionario y alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, entre otros casos de quiebras de viviendas en construcción promovidas por socialistas y ugeteros, Miranda pretende ampliar la lista de calamidades urbanísticas con sello de su partido.
Licenciada en publicidad y especializada en marketing, la alcaldesa no consigue vender un megaproyecto que, bajo el anzuelo de crear seis ejes verdes, oculta otro caso de especulación urbanística, según los ecologistas y la oposición. Una de tantas plataformas la acusa de vulnerar hasta objetivos de la ONU como garantizar un vida sana, salvar los bosques y luchar contra la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Frente a ello, Miranda abre un llamado proceso de participación pública, que es una especie de referéndum como el del tranvía que costó la alcaldía de Barcelona al también socialista Jordi Hereu. Y, como es tradicional, los ecologistas auguran catástrofes como aumento de contaminación, degradación de la movilidad y la salud, empeoramiento de las inundaciones y elevación de la temperatura ambiente. Total, un caos y una serie de costosos planos y planes que no entiende ni un vendedor de pisos.