El suspenso de la semana: José María Pena

El CEO de DomusVi en España, José María Pena, tiene un problema: y es su empresa. La compañía, dedicada al cuarto sector, con servicios que van desde el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) hasta la gestión de residencias, acumula problemas que van desde lo laboral hasta de gestión de sus espacios.

Prueba de ello es la manifestación que trabajadoras de la residencia de Can Buxeres (L'Hospitalet) montaron el pasado miércoles, reivindicando más plantilla, materiales, personal especializado y, en definitiva, mejores condiciones laborales.

Pero también se puede hablar de que, hace cinco años, son numerosos los testimonios que describieron con horror lo que allí sucedía, antes incluso de la irrupción de la pandemia del Covid-19.

Más aún, este digital ya se hizo eco hace escasos meses del deplorable estado en el que se encontraba la residencia Sant Jordi, gestionada por la entidad, ubicada en Cornellà de Llobregat. 

En todos los casos, la compañía, con sede en la isla de Jersey, un paraíso fiscal, pero se nutre de contratos públicos municipales --gestiona la mitad del SAD de Barcelona-- ha negado rotundamente todas las acusaciones.

Pero hay una realidad, una lógica que impera. Una plantilla que aprecia tener un trabajo no se manifiesta a las puertas de un negocio si las cosas van bien. Desde el punto de vista de un trabajador siempre habrá, previsiblemente, cosas a mejorar, pero una plantilla no convoca una huelga si todo está razonablemente en orden.

Y eso mismo es lo que ocurre en el seno de la compañía y lo que parece no ver el CEO, que debería tener como principal preocupación garantizar la estabilidad, recursos y el buen trato a sus empleados. Solo así una compañía con la reputación tan manchada podrá resarcirse y merecer la posición predominante que tiene en su sector, uno que ha de velar por el cuidado de nuestros mayores.