Denuncian al Ayuntamiento por el "cobro ilegal" de alquileres en el Bon Pastor

Denuncia ante Fiscalía contra el Ayuntamiento por el "cobro ilegal" de alquileres en las casas baratas del Bon Pastor, que son de titularidad municipal. El escrito ante el ministerio público lo presentó el pasado día 4 de febrero el portavoz de la asociación de vecinos Avis del Barri, Luis Fernández, porque el consistorio supuestamente ha cobrado a 177 inquilinos de las casas baratas, afectados por la 4 fase de reparcelación y realojo, el alquiler de todo el mes de febrero a pesar de que los contratos están -en su opinión- en precario. La denuncia es por "apropiación indebida y prevaricación". El consistorio asegura que el cobro se ha hecho correctamente y que las casas baratas todavía no están en precario.

Según Fernández, en el momento en que se aprueba de forma definitiva una fase de la reparcelación del proyecto de las casas baratas, los contratos de alquiler se extinguen y los residentes de aquellas viviendas pasan a estar en precario y el Ayuntamiento ya no les puede hacer pagar más el alquiler. "La última fecha para que se aprobara de forma definitiva la cuarta fase era el 6 de febrero, es decir el Ayuntamiento podía cobrar el alquiler a los inquilinos del 1 al 6 de febrero, pero no más días", afirma el representante vecinal. Tras la aprobación definitiva de la fase 4, Fernández entiende que los vecinos afectados pueden hacer uso de la casa de forma gratuita hasta que sean realojados.

El Ayuntamiento discrepa de la versión que da Fernández. Fuentes municipales explican que "los contratos de alquiler se extinguirán, y los pertinentes recibos de alquiler se dejarán de girar, cuando la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la cuarta fase sea firme en vía administrativa". Según el consistorio, "primero se tendrán que resolver las eventuales alegaciones contra la aprobación inicial, la publicación de la aprobación definitiva en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona) y, por último, resolver los eventuales recursos interpuestos contra la aprobación definitiva, como marca la normativa en materia urbanística". 

LO QUE DICE LA LEY

La normativa que rige esta tramitación es el decreto legislativo 1/2010 de la Ley de Urbanismo, articulo 119.2. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, no ofrece dudas al respecto y establece unos tiempos perfectamente delimitados. El artículo 119 hace referencia a la "gestión de la tramitación urbanística" y el punto 2 concreta las reglas a las que se debe ajustar. En primer lugar, el decreto legislativo dice que "la aprobación inicial y la aprobación definitiva corresponden a la administración actuante", en este caso el Ayuntamiento.

Posteriormente, añade que "la aprobación inicial se tiene que adoptar en el plazo de dos meses desde la presentación de la documentación completa" y que el proyecto "tiene que ser puesto a información pública por un plazo de un mes, dentro del cual se tiene que conceder audiencia a las personas interesadas, con citación personal". Sobre la aprobación definitiva, la Ley de Urbanismo obliga a que tenga lugar "en el plazo de dos meses desde la conclusión del plazo de información pública. En caso contrario, se entiende que el proyecto ha quedado aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, a excepción del proyecto de reparcelación, en que el sentido del silencio es negativo".

Tras estos pasos y "una vez aprobado definitivamente o acreditado el acto presunto, según lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo común, la administración debe ordenar su publicación y notificación reglamentarias y, si procede, la correspondiente formalización". Y en caso de "incumplimiento de los plazos de tramitación de los estatutos y las bases de actuación, puede subrogarse la comisión territorial de urbanismo competente, a instancia de las personas particulares, una vez requerida la adopción del acuerdo correspondiente en el plazo de un mes". Finalmente, el texto apunta que "una vez aprobados definitivamente los proyectos de división poligonal, debe entregarse una copia diligenciada a la comisión territorial de urbanismo competente".    

CONTRA COLAU Y LUCÍA MARTÍN

En conversación con Metrópoli Abierta, Fernández dice que la denuncia es contra Ada Colau (alcaldesa de Barcelona "y presidenta de la comisión de gobierno"), Lucía Martín (regidora de Sant Andreu y de Vivienda) e Ignasi Costa (de los servicios jurídicos del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona). Fernández explica que hace un año y medio presentó una denuncia por el cobro de los alquileres cuando los contratos de las viviendas de la fase 3 también estaban en precario y lo que ha hecho ahora es una ampliación de la primera. En aquella ocasión, y siempre según la versión de la asociación Avis del Barri, el cobro se produjo durante más de 10 meses, entre 2015 y 2016. Fernández dice que afectó a 167 inquilinos.

'Casas baratas' del Bon Pastor tapiadas / MA - JORDI SUBIRANA

El presunto cobro indebido de los alquileres, llegó el pasado jueves, 4 de febrero, a la audiencia pública de Sant Andreu [ver aquí]. Según la regidora del distrito, la aprobación definitiva del proyecto de la fase 4 todavía no se ha producido de forma definitiva, dijo en la audiencia pública, lo que en su opinión hace que no haya "ningún problema para cobrar los alquileres". "El Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona está preparando un escrito para informar a los vecinos del calendario del proceso", añadió Martín.

DINERO DEVUELTO DE 2016 Y SOLO UN MES

En la misma audiencia pública, la edil contestó otra pregunta sobre el presunto cobro irregular de los alquileres de la fase 3, en 2016. Martín explicó que lo que pasó entonces es que hubo una aprobación definitiva que fue impugnada por una persona titular. "Puso un recurso y hasta que ese recurso no se resolvió no pudo haber una aprobación definitiva firme, que se produjo en junio de 2016. Se cobraron los alquileres de julio porque los mecanismos se pusieron en marcha en junio cuando todavía no se sabía que produciría la aprobación definitiva. Los alquileres que se cobraron en julio de 2016 se han devuelto", subrayó la regidora de Barcelona en Comú, que quiso dejar claro que si alguna persona tiene cobrado algún alquiler indebido de ese año que lo diga y se le devolverá el dinero.

Los bloques construidos para realojar a los vecinos de las casas baratas se empezaron a gestar hace más de dos décadas con la creación de una comisión de seguimiento. Las viviendas de la primera fase, 152, se entregaron en 2007; las de la segunda fase, 190, en 2010, y las de la tercera fase, 167, en 2017, según los datos municipales facilitados por el servicio de prensa. Fernández recuerda que los pisos de la tercera fase se entregaron con dos años de retraso. Las nuevos apartamentos tienen entre 60 y 90 metros cuadrados y los edificios disponen también de plazas de aparcamiento subterráneas. El proyecto contempla cinco fases de obras y realojo.

RETRASO DE LAS OBRAS DE LA CUARTA FASE

La cuarta fase acumula un importante retraso y la quinta ni se ha iniciado. Con un presupuesto de 32 millones de euros, la cuarta fase incluye 244 pisos distribuidos en cinco bloques. Las obras debían estar acabadas el tercer trimestre de 2020, pero el calendario no se ha cumplido ni por asomo. Algunas de las construcciones solo tienen el esqueleto; en otras, las obras están más avanzadas. El retraso se centra en dos bloques con los trabajos parados porque la empresa adjudicataria abandonó. "Dijo que con ese presupuesto no podía continuar", indicó Martín en la audiencia pública.

Un bloque a medio construir a los inquilinos de las 'casas baratas' del Bon Pastor / MA - JORDI SUBIRANA

La edificación se tuvo que volver a licitar. "Se hizo en julio de 2020 y la nueva licitación se adjudicó en diciembre. Lo que ha pasado ahora es que la empresa que dejó la reforma ha impugnado la nueva adjudicación y ahora estamos en proceso de resolver la impugnación. Esperemos poderlo hacer de forma rápida y formalizar los nuevos contratos", precisó la edil.

Las casas baratas del Bon Pastor se construyeron en 1929 en el entorno de las actuales calles de Mollerussa, Sèquia Madriguera y Sant Adrià con el objetivo de “alojar de forma rápida y económica a una gran cantidad de población”, indica el Ayuntamiento en un texto informativo. En el Bon Pastor se levantaron 784 viviendas. En ellas llegaron a vivir 3.000 personas. Muchas de ellas dormían hasta entonces en chabolas. Las casas tienen unos 40 metros cuadrados. El barrio se consolidó durante los años 60.