Los legionarios no abandonarán los Cuarteles de Sant Andreu
La decisión obliga al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZF) a activar un requerimiento judicial para su desalojo
11 febrero, 2022 21:01Noticias relacionadas
La Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona no ha recogido la indemnización de 12.500 euros que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) le había ofrecido para abandonar los Cuarteles de Sant Andreu, según han explicado fuentes municipales del distrito.
Los Legionarios tenían hasta las 23.59 de este jueves, 10 de febrero, para aceptar la indemnización que el Consorci les ofrecía en compensación por unas obras que supuestamente hicieron en el local y con la voluntad de que dejaran el espacio que les cedió temporal y gratuitamente en 2013. Tras no haber recogido el importe, en estos momentos está en manos del CZFB presentar un requerimiento judicial para que la entidad abandone el espacio.
CESIÓN DE LA PARCELA
En 2013, el CZF firmó un convenio con las hermandades de Sargentos Provisionales, Caballeros Mutilados y Antiguos Caballeros Legionarios para cederles el uso de una parcela de 5.000 metros cuadrados, además del local de los antiguos cuarteles de Sant Andreu que ya ocupaban.
En el convenio se explicitaba que en cualquier momento esa cesión podía finalizar y ahora la hermandad no se opone a abandonar los terrenos, pero sí el local que es el objeto del conflicto.
MOVIMIENTO VECINAL EN CONTRA DE LA CESIÓN
El movimiento vecinal consideró injusta e inapropiada esta cesión y desde 2016 se activaron las gestiones desde el Ayuntamiento para instar al CZF a revertir este convenio.
Según informa el consistorio en una nota, el solar en cuestión fue cedido por el CZF al Ayuntamiento, en cumplimiento de los convenios de reparcelación de los cuarteles de Sant Andreu en el año 2010. Esta cesión, de acuerdo con la Ley de Urbanismo, debería haberse realizado con los terrenos libres de edificios y ocupantes, dado que el Ayuntamiento ostenta únicamente su propiedad fiduciaria, lo que implica que sólo tiene la finca en tutela, hasta que la traspase al administrador estatal de infraestructuras Adif, el operador encargado de desarrollarla, según MPGM (Modificación del plan general metropolitano) de 2006.