La Guardia Civil ha intervenido cerca de 100.000 carteles de publicidad del referéndum del 1 de octubre en una nave industrial de la empresa Marc Martí, vinculada a un publicista que estuvo imputado en el caso del Palau de la Música, en el barrio barcelonés del Poblenou.



Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes han estado registrando durante varias horas dos naves industriales de la empresa de artes gráficas Marc Martí Publicitat, de donde se han llevado en tres furgonetas varias cajas con carteles para anunciar el referéndum suspendido por el Constitucional.



Los carteles, de medida pequeña, reproducen la publicidad que la Generalitat impulsó tras convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre, que incluye una fotografías de una bifurcación de una línea férrea con la pregunta "Naciste para decidir, ¿vas a renunciar?".

LOS CARTELES, ESCONDIDOS

El Ministerio del Interior ha explicado en un comunicado que la intervención policial se ha dilatado durante algunas horas porque algunos de los efectos intervenidos se encontraban "en palés ocultos a la vista" y "convenientemente disimulados para dificultar su localización".



Los agentes han encontrado además de los carteles con el logo de la Generalitat otros que "en los que expresamente se invita a votar sí". Según una primera estimación, calculan que el peso de toda el material intervenido rondaría la tonelada y media.



La Guardia Civil continúa sus investigaciones en diferentes emplazamientos en busca de material sobre el referéndum y no se descartan nuevas actuaciones.

PROVEEDOR HABITUAL DE CDC

La empresa donde se ha encontrado la publicidad del referéndum pertenece a Marc Martí, publicista proveedor habitual de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que fue imputado en el caso por el saqueo del Palau de la Música por facturar entre los ejercicios 2006 y 2007 más de 200.000 euros a la entidad cultural que supuestamente enmascaraban pagos de comisiones a la extinta formación política.



El publicista fue absuelto el pasado mes de marzo, en la segunda sesión del juicio por el saqueo del Palau de la Música, al haber prescrito el delito de falsedad documental de que estaba acusado, porque la última factura que giró a la institución cultural para enmascarar supuestamente el desvío de fondos a CDC se emitió veinte días antes del plazo de prescripción.



Las inspecciones se están efectuando siguiendo las órdenes de la Fiscalía de Cataluña, de acuerdo con la instrucción que insta a las fuerzas de seguridad a incautar cualquier material que pueda ser utilizado para el referéndum.

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