La tragedia de las viviendas del barrio del Besòs i Maresme de Barcelona empezó en 1959 con la construcción mal planificada y a toda prisa de 3.000 pisos. Esos domicilios se construyeron con materiales de "mala calidad" y con "cimientos inadecuados", según escribió una comisión técnica formada por expertos en 1978. Cuatro años antes aparecían las primeras grietas y síntomas de degradación de los edificios a causa de la "deficiente ejecución" de la obra y a una "falta total de mantenimiento".
Los problemas empeoraron con los años. A inicios de los 90, la situación estallaba con la aparición de la aluminosis, que acentuó los problemas de humedades y peligrosidad en la estructura de las viviendas. Desde entonces los vecinos mantienen un tira y afloja con los sucesivos gobiernos municipales para recibir las ayudas del 85% para pagar las reformas que se dilatan en el tiempo y, en muchos casos, nunca llegan.
CONSEJO DE DERRIBO
Un informe al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta apunta a que la degradación de los pisos y el lastre actual de la aluminosis que afecta, al menos, a decenas de bloques, podría haberse evitado hace décadas si el Patronato Municipal de la Vivienda (el actual Institut Municipal de l'Habitatge) hubiera seguido las recomendaciones de la comisión de técnicos creada por el mismo Ayuntamiento de Barcelona en 1977.
La rambla Prim, en una imagen del pasado febrero / GUILLEM ANDRÉS
Este grupo de trabajo, formado por colegios profesionales, bomberos y vecinos, propuso derribar los 30 bloques más afectados. Los números 40, 42 y 44 de la calle Alfonso Magnánimo son algunos de estos bloques. Un año antes de la conclusión de los expertos, el Patronato de la Vivienda se comprometía a realojar en nuevas viviendas a los vecinos afectados "como consecuencia de los informes técnicos, sobre resistencia del suelo y estabilidad de la edificación" en el caso que "debieran ser reparados o demolidos".
Además, el Patronato aceptaba la "responsabilidad por vicios ocultos imputables a la construcción y al tipo de cimentación con independencia del tiempo transcurrido desde su construcción". La administración contemplaba la construcción de nuevas viviendas para todos los vecinos afectados.
PARCHES TEMPORALES
El acuerdo, firmado por el presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, quedó en papel mojado. Nunca se cumplió. Tan solo se levantaron tres edificios nuevos en sustitución de unos bloques demolidos antes de que cayeran por su propio peso.
Más de veinte bloques permanecieron en pie y los diferentes gobiernos municipales (PSC, CiU, BComú) y la actual coalición de comuns y socialistas se han pasado la pelota de un problema enquistado que, según los vecinos, tan solo han afrontado con parches temporales.
INSPECCIONES TÉCNICAS
Teresa Pardo es una de las vecinas más movilizadas del barrio. Junto a Diana Escudero y Asunción García ha buceado en centenares de páginas de documentación escritas sobre los numerosos casos de las viviendas afectadas. El pasado 5 de febrero realizaron una nueva ofensiva para presionar al Ayuntamiento y pedir una solución definitiva.
Bloque de viviendas en el barrio del Besòs i Maresme de Barcelona / GUILLEM ANDRÉS
Bajo el paraguas de la Asociación de Vecinos Maresme y el apoyo del Movimiento Barrio Digno y la asociación Zona Forum, estas vecinas, directamente afectadas, reclaman una partida económica "urgente a fondo perdido" para abordar una inspección técnica en el barrio y aplicar "medidas cautelares" para garantizar la "seguridad" de los inquilinos.
SIN RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
"Este es un problema de herencia de otros gobiernos, pero nadie asume responsabilidades políticas", denuncia Pardo. Las ayudas para rehabilitar los pisos se estancan y se alargan en el tiempo. En muchos casos los vecinos –personas mayores con escasos recursos– no disponen de los 2.000 euros que supone el 15% de la reforma total. Cuando sí pueden pagar el grave problema de ocupación, que en algunos casos deriva en tráfico de drogas, es una barrera más que impide los procesos de rehabilitación.
Pardo asegura que cuando un residente no puede pedir la ayuda, ya sea porque okupa, o porque no dispone de los papeles de la propiedad, son el resto de vecinos los que deben asumir el coste de la rehabilitación al 100% (unos 30.000 euros por vivienda) y repartirse el coste, algo imposible para el resto de inquilinos. A la práctica, esta situación estanca las reformas que nunca llegan degradando, más si cabe, la estructura de los edificios.
FALTA DE INFORMACIÓN
"Ese es el riesgo que tenemos ahora. Los pisos se siguen vendiendo a población extranjera que no conoce el problema de aluminosis. No se les informa", insiste García. "Están esperando a que un bloque se vaya abajo. No se está interviniendo", alerta. Edificios que tuvieron inspecciones hace 10 y 15 años vuelven a tener problemas en la actualidad, por lo que piden una campaña de inspecciones urgente para detectar los casos más alarmantes.
En su inicio las viviendas del Besòs eran pisos de protección oficial. Cuando el Patronato vendió los domicilios a sus inquilinos el problema pasó a pertenecer a la esfera privada. Según afirman estas vecinas, desde el distrito de Sant Martí les transmitieron en un Consell de Barri que se trata de un probema de los vecinos y que, por ello, el Ayuntamiento no está obligado a ayudarles.
Hace 40 años, lejos de demoler los pisos, el Patronato vendió las viviendas mal construidas a sus inquilinos a bajos precios. La aluminosis y el mal estado estructural expulsó a los vecinos de rentas medias consolidando un perfil de vecino con pocos recursos. El "deterioro" del barrio, señala Pardo, se explica también por este factor. Ahora, décadas después, los vecinos piden un plan de barrio integral para desencallar la situación.