Fincas de la calle Sants que se derribarán
El concurso público para derribar la polémica discoteca latina Mami entre Sants y Collblanc queda desierto
La licitación para la deconstrucción de las tres fincas situadas en la manzana entre las calles de Sants y Riera Blanca no recibe ninguna oferta
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El derribo de la discoteca latina Mami tendrá que esperar. El Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) de Barcelona no ha tenido más remedio que declarar desierta la licitación que preveía la deconstrucción de la finca de la calle Sants, 443-445, en el límite entre los barrios de Sants-Badal y Collblanc de L’Hospitalet de Llobregat, ante la falta de ofertas.
La ausencia de licitadores abre la puerta, según consta en el acta, a que el Ayuntamiento de Barcelona --propietario de la infraestructura-- tramite el derribo mediante una negociación directa con las empresas que considere, sin necesidad de volver a sacar el contrato a concurso público.
Deuda histórica
La licitación, que contaba con un presupuesto de 57.173 euros, daba cumplimiento a una deuda histórica con Sants bloqueada desde hace más de 20 años para ampliar las calles Riera Blanca y Munné, así como integrar el pasaje de Paca Soler.
Plano de la futura manzana entre las calles de Sants y Riera Blanca
La reestructuración completa de la manzana, aprobada en el año 1997, solamente se puede lograr con el derribo de las tres fincas bajas que hacen esquina. Concretamente, se trata de los números 439, 441 y 443-445 de la calle Sants, que se construyeron en 1936 y tienen entre una planta baja y dos pisos superiores.
Inseguridad
Para ello, el Ayuntamiento expropió los pequeños edificios, pero durante más de dos décadas han permanecido en una situación jurídica precaria y poco antes de la pandemia se instaló la discoteca latina Mami, que no dejó de acumular quejas de los vecinos hasta su cierre.
El emplazamiento se convirtió rápidamente en un punto caliente de drogas, batallas campales y armas.
Puerta de la antigua discoteca Mami junto a Collblanc
La inseguridad, sumada a la falta de conciliación de los vecinos, que denunciaban que el local de ocio nocturno abría seis noches a la semana, llevó a que el caso escalara hasta los tribunales en 2023.
El largo proceso terminó el pasado 22 de mayo, cuando la Guardia Urbana, acompañada de un equipo de servicios jurídicos del IMU y de la gerencia del distrito, desalojó a los últimos ocupantes.
