Colau ordena investigar la vida privada de la Guàrdia Urbana

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) recoge la aprobación de un fichero de carácter personal con información privada de los agentes de la Guàrdia Urbana como ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud (enfermedades, discapacidades ...), vida sexual, violencia de género, siempre "que sean especialmente relevantes para la investigación concreta".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impulsa la resolución, aprobada el pasado mes de octubre, y que se hizo pública el 23 de febrero. En la misma se concreta la creación del fichero, denominado "Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana".

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por Metrópoli Abierta indican que este fichero no es nuevo, sino que ya existía y que se le ha cambiado de nombre al registro que se utiliza para las investigaciones de asuntos internos. Según señalan dichas fuentes, el archivo pretende recoger la información que surge en las investigaciones internas de la policía para evitar la difusión de datos privados cuando sea innecesario.

El archivo es de carácter privado y sólo será consultable por administraciones o entes públicos que lo requieran en uso de sus competencias, previstas en una norma con rango de ley y de acuerdo con la ley Orgánica de Protección de Datos, aunque en el BOPB se abre la opción de externalizar la gestión del mismo. 

INDIGNACIÓN SINDICAL

La existencia de esta base y, en concreto, la inclusión de estos datos especialmente protegidos ha sido mal recibida por el sindicato CSIF que ha mostrado su sorpresa por el desconocimiento hasta hoy de la tramitación del mismo, una vez agotados los plazos para poder formular alegaciones.

En conversación con Metrópoli Abierta, Eugenio Zambrano, secretario de organización y comunicación del CSIF, ha rebatido los argumentos del Ayuntamiento y ha denunciado que se trata de un nuevo archivo comparable al de la policía política de las dictaduras. "Atenta contra derechos básicos", ha señalado Zambrano, quien ha añadido que "no tiene ningún sentido. Ya hay un marco legal y jurídico en un procedimiento reglado. No cabe que la administración tenga este tipo de información".

En este sentido, para el CSIF este archivo "obedece a un control férreo de los trabajadores públicos" y lamenta que si se crea pueda perjudicar la carrera profesional de los agentes, pues considera que si se puede conocer la condición política, sexual, etc de un agente se puede lastrar su progresión laboral. 

Según ha podido saber este medio, por el momento el CSIF ha trasladado el documento publicado en el BOPB a sus servicios jurídicos para el estudio del mismo y la posible toma de medidas al respecto. 

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández-Díaz, ha solicitado la suspensión de la medida, que afecta a 3.000 agentes, y ha denunciado que “en Barcelona se dará el absurdo que no tan solo la policía fichara a los delincuentes, sino que Colau y el consistorio tendrán fichados a los agentes de la Guardia Urbana”.