Multa de 16 millones de euros para los miembros de un club cannábico

La defensa de los dieciocho integrantes de la asociación pro cannabis 'K-Lite' ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar penas de hasta un año y 11 meses de prisión y una multa de 16 millones de euros, tras reconocer que formaban un entramado dedicado al cultivo y el tráfico de marihuana.

En un principio, la Fiscalía pedía cuatro años y una multa de 28 millones de euros, pero tras negociar con la defensa han rebajado las penas. Se les acusa de cinco delitos: contra la salud pública, asociación ilícita (en condición de fundadores y miembros activos), blanqueo de capitales (con multa de 4,5 millones de euros), defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

LIBERTAD PARA LOS ACUSADOS

Al tratarse de condenas de cárcel que no alcanzan los dos años, los acusados han quedado en libertad. Si en los próximos dos o tres años, según el caso, alguno de los condenados cometiera un delito, debería cumplir la pena íntegra de prisión.

El club cannábico 'K-Lite', ubicado en Barcelona, fue fundado en 2011 como una asociación con "fines sociales" para promover la educación y el estudio en torno al uso del cannabis y sus propiedades naturales. Un agente de la Guàrdia Urbana ha declarado durante el juicio que en el marco de un registro en 2014  encontraron todo tipo de "anomalías", como la presencia de personas sin documentación, la falta de control en el acceso al local o la negativa del presidente a facilitar muestras del cannabis utilizado y detallar su procedencia.

PLANTACIONES ILEGALES

Tras una investigación policial, se descubrió que el presidente de la asociación, S.G., contaba con seis plantaciones "indoor" repartidas por la provincia de Barcelona y que se lucraba de forma ilícita vendiendo cannabis a los 6.500 socios que llegó a tener 'K-Lite'. 

Sólo uno de los 18 acusados, que hacía funciones de guardia de seguridad, se ha opuesto a la condena y se ha declarado inocente, aunque la Fiscalía no ha aceptado su versión al considerar que desde su posición permitía que personas indocumentadas y no afiliadas a la asociación entraran al local a consumir y comprar cannabis.