Corrupción en La Mina: un clan gitano, un concejal y un dudoso contrato

Ángel Amaya Montero, más conocido como Tío Cristina, patriarca del clan Los Manolos, ha asegurado este martes ante el juez que hacía "muy bien" su trabajo de vigilancia en un grupo de edificios. Amenazaba con cobrar por esta vigilancia. De lo contrario, mantiene, serían ocupados ilegalmente. Montero es uno de los cuatro acusados en una trama de corrupción que salpica a un concejal del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por un dudoso contrato de vigilancia.

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha acogido este martes el primer día de juicio del caso. La fiscal pide de forma provisional doce años de inhabilitación para cargo público al concejal socialista Juan Carlos Ramos, acusado de un delito de prevaricación en la contratación irregular de un servicio de vigilancia. Ramos defiende su inocencia. 

EMPRESA 'PANTALLA'

Los hechos que se juzgan se remontan a los años 2016 y 2017 cuando, según la fiscal, el concejal del PSC contrató de forma irregular con fondos públicos a empresas controladas por los clanes gitanos de Sant Adrià de Besós para vigilar pisos de protección oficial en el barrio de la Mina. Según el escrito de acusación de la fiscal, en un primer momento se adjudicó la contratación a una empresa de la que el apoderado era el también acusado José Fernández Franco.



Pero, debido a la dificultad para dar cobertura legal a la adjudicación de esta vigilancia, Fernández Franco contactó a su vez con otro de los procesados, J.R.F, administrador de una mercantil, para que ésta hiciera de "empresa pantalla" y figurara así como la adjudicataria formal de este servicio de vigilancia. Sin embargo, este servicio de vigilancia lo prestaba en realidad Tío Cristina, que ni tenía una empresa de vigilancia ni cumplía con los requisitos legales.

AMENAZAS POR COBRAR

Durante el juicio, que se ha iniciado hoy y que finalizará previsiblemente el próximo 30 de septiembre con la declaración del concejal, han declarado dos de los acusados -Amaya Montero y Fernández Franco-, que han admitido los hechos ante un posible acuerdo con el ministerio fiscal para rebajar la pena, si bien han argumentado que recibieron dinero a cambio de un trabajo.



Un instructor de los Mossos d'Esquadra ha sostenido que Amaya Montero "amenazaba" si no cobraba por la vigilancia de estos pisos, porque de lo contrario serían ocupados. Según este instructor, se trataba de un entramado de apariencia legal para pagar a Amaya Montero con recursos públicos, a través de unos contratos que en su mayoría firmó el regidor imputado.

PINCHAZO TELEFÓNICO

El juicio finalizará en principio con la declaración del concejal y de Ramírez, que mantienen su inocencia y rechazan un acuerdo con el ministerio público. Este presunto desvío de fondos públicos al patriarca de este clan se destapó después de que el teléfono de Amaya Montero fuera pinchado mientras se investigaba un caso de tráfico de drogas.