Una de cal y otra de arena. Es la actitud que, según denuncian las plataformas antidesahucios y vecinos, adopta la Generalitat de Cataluña con los desahucios durante la pandemia. El 3 de noviembre el Govern anunciaba una ley para suspender los desalojos en pisos de grandes propietarios. Activistas del Sindicat de Llogateres y entidades vecinales de l'Eixample denuncian este martes las denuncias por desobediencia de los Mossos d'Esquadra contra 30 personas por intentar impedir un desahucio. Las acusaciones van acompañadas de sanciones de 601 euros para cada uno. En total son 18.030 euros que los afectados recurrirán.
El pasado 5 de octubre los Mossos ejecutaban una orden de desahucio en el número 210 de la calle Còrsega. Decenas de personas a favor del derecho a la vivienda intentaron impedir la entrada de la policía, que finalmente expulsó a los inquilinos, incluido un menor. En la vivienda vivía Estela, su marido, sus hijos y su nieto de siete años. Pagaban un alquiler desde hacía 15 años. Un comunicado firmado por cuatro plataformas del Eixample y Les Corts asegura que dejaron de pagarlo hace unos meses debido al "empeoramiento de su situación económica". En la práctica, la familia estaba de okupa durante estos últimos meses.
GRAN PROPIETARIO
Las entidades, como la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra Eixample, denuncian que el propietario del piso, Gustau García Guillemet, posee más de 20 pisos en la calle Còrsega. Señalan que el decreto 17/2019 de la Generalitat le obligaba a ofrecer un alquiler social a Estela, cosa que no hizo. "En lugar de hacer cumplir la Ley la Generalitat envía a los Mossos para desalojar y reprimir", reprochan a la administración catalana.
Los Mossos se preparan para intervenir contra un grupo de activistas el pasado 5 de octubre / SINDICAT DE LLOGATERS
Desde el Sindicat de Llogaters no recuerdan sanciones tan duras contra activistas. Sí que ha habido identificaciones en otras acciones de protesta, pero nunca se han interpuesto multas por sentarse delante de la policía "de manera pacífica". "No había pasado nunca. Se ha reprimido en alguna ocasión, pero ahora se han intensificado. No recordamos un caso como este tan bestia", explican fuentes de la plataforma en defensa de un alquiler justo. Critican que el Govern hace "populismo" y "propaganda" con los desahucios mientras "sigue trabajando al lado de los especuladores".
LEY MORDAZA
Hace unos días los Departamentos de Justicia y Territorio se coordinaban para anunciar un decreto ley destinado a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. La norma obliga a suspender los lanzamientos hasta que el gran propietario ofrezca un alquiler social. Los Mossos también deberán solicitar un informe a los servicios sociales antes de ejecutar el desalojo. Las entidades critican que no es suficiente, pues las competencias en vivienda son del Gobierno central.
El desahucio se produjo a pesar de la resistencia de los activistas, hecho que enerva aun más a los entidades que tachan estas sanciones de desproporcionadas e injustas. Aseguran que los Mossos se han apoyado en la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, una norma que PSOE y Unidas Podemos, los socios de gobierno en La Moncloa, pactaron derogar en diciembre de 2019.
443 DESAHUCIOS
Las entidades vecinales denuncian que entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre se han ordenado 443 desahucios en Barcelona afectando a 1.211 personas, 463 de ellas menores. El movimiento antidesahucio y pro okupa como el Sindicat de Llogateres exige al Gobierno que derogue la Ley Mordaza y al Govern que deje de "criminalizar" a los activistas.