La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una banda de estafadores y han detenido en Barcelona y Castelló (Comunitat Valenciana) a 58 personas que simulaban ser operarios de compañías eléctricas para estafar a comerciantes. De este modo realizaron al menos 167 robos en toda España y obtuvieron unos 220.000 euros, calculan los investigadores.
Este grupo criminal de expertos estafadores contaba con la infraestructura y conocimientos necesarios para hacer creer a las víctimas que habían contraído una deuda con su empresa eléctrica, ya que habían trabajado como comerciales en diferentes compañías de la luz y el gas. Las supuestas deudas por facturas impagadas con las que engañaban a sus víctimas oscilaban entre los 300 y los 10.000 euros, en función del tipo de comercio al que querían estafar, aunque principalmente eran del sector de la hostelería.
Tras efectuar llamadas a los comercios y facilitar datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías energéticas, convencían a las víctimas de la existencia de pagos sin ejecutar. Bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda, infundían temor a sus víctimas, ya que ello supondría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes, por los que estas hacían efectivos los pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitaban los estafadores. Así actuaban:
Audio de unas de las estafas de la banda desarticulada en Barcelona y Castelló / GUARDIA CIVIL
LA MAYORÍA DE LOS GOLPES, EN LAS CANARIAS
La investigación se inició al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente, en zonas turísticas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias. Debido a la dispersión de casos por todo el país se creó un grupo específico para llevar a cabo las pesquisas policiales, que han llevado a la desarticulación de este grupo criminal.
Según informan este martes los dos cuerpos, además de los 58 arrestados hay otras 12 personas bajo investigación, todos ellos vecinos también de las provincias de Barcelona y Castelló. Hasta la fecha, el número de afectados asciende a 167, aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil estiman que podría ser mucho mayor y adelantan que las investigaciones siguen abiertas.
Los detenidos han sido acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.