Nueve directivos y técnicos de las empresas que integraban la UTE, encargada de la ampliación del Dique Este, han aceptado penas de hasta dos años de cárcel por estafar 30 millones al Puerto de Barcelona inflando las facturas de material.
En su sentencia, la sección 22ª de la Audiencia de Barcelona condena por delitos de falsedad documental, estafa y contra la Hacienda pública a los directivos de la UTE –integrada por FCC Construcción, Ferrovial Agroman, Construcciones Rubau y Copisa Constructora Pirenaica–, quienes han indemnizado al puerto con los 30 millones de euros desviados.
30 MILLONES DE EUROS DESVIADOS
La sentencia, que avanza El Periódico de Catalunya, es fruto del acuerdo entre las defensas y la Fiscalía. Al haber indemnizado al puerto con las sumas desviadas mediante la estafa, los procesados se han beneficiado de una atenuante de reparación del daño, además de la de confesión.
Asimismo, el único de los procesados que ha sido condenado por un delito contra la Hacienda pública ha devuelto a la Agencia Tributaria más de un millón de euros por las cuotas defraudadas en el pago del IVA.
FACTURAS INFLADAS
La sentencia da por probado, tal y como reconocen los acusados, que estos se pusieron de acuerdo para inflar el presupuesto de las obras de ampliación del Dique Este de Barcelona, adjudicado inicialmente por un valor de 165 millones y que acabó ampliándose hasta los 197 millones.
Las facturas se inflaron mediante la falsa compra de material de una calidad superior a la utilizada: concretamente, 865.000 toneladas de piedras con un coste de 11 millones que nunca se emplearon y piedra de cantera –con un precio de 17.905 euros– que tampoco se usó porque las instalaciones se levantaron sobre escombros y no sobre escollera.
Mediante un comunicado, el Puerto de Barcelona ha celebrado haber visto estimadas sus demandas, que se le haya reconocido el perjuicio sufrido y haber sido resarcido.