Dos años de cárcel por difundir un vídeo falso de "menas agresivos"

La Fiscalía de Barcelona pide dos años de cárcel y 6.480 euros de multa para una mujer acusada de difundir un vídeo falso de "menas agresivos" en su cuenta de Twitter. 

En la grabación, publicada en junio de 2019, se observaba a unos escolares que gritaban y lanzaban papeles a una profesora, atribuyéndolo falsamente a un grupo de menas en clase.

INHABILITADA PARA OFICIOS EDUCATIVOS

En el escrito de la Fiscalía, el ministerio público ha acusado de un delito contra los derechos y libertades públicas a la presunta autora de la noticia falsa. Además, ha pedido que se "la inhabilite para cualquier profesión u oficio educativos".

Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, la internauta compartió un fragmento de 45 segundos y dos minutos después enlazó las imágenes de los escolares agresivos con el mensaje: "Mando vídeo de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad como agradecen nuestra acogida".

Un edificio de Sant Andreu que acoge un centro de menas / ARCHIVO

INCIDENTE EN BRASIL

La investigación policial permitió comprobar que el vídeo recoge unos incidentes en un aula de Brasil y que no guardaba ninguna relación con menores de edad emigrados a España, añade el escrito, firmado por el fiscal de Delitos de Odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.

Para el fiscal, con la difusión del vídeo la acusada pretendía, "con manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva e indiscriminada ante todos los potenciales usuarios de Twitter, asociar un comportamiento violento en las aulas con todos los menores de edad no acompañados".

FORMA GENERALIZADA

Según la Fiscalía, el objetivo de la usuaria de la red social fue "difamar" y "asociar a los menas de forma generalizada con actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado".

De esta manera, según el fiscal, pretendía "despertar, potenciar o aumentar entre la población prejuicios y estereotipos contra un colectivo de personas especialmente vulnerables".

Por ello, Aguilar considera que los hechos constituyen "un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas", por motivos de discriminación relativos a la nación u origen nacional, agravado por el hecho de que la difusión se llevara a cabo a través de Internet.