Uno de los perros rescatados por la Guardia Civil en Barcelona
Una protectora de animales, investigada por sacrificar a perros en Barcelona: los incineraban para eliminar pruebas
La asociación involucra a cinco empresas y siete personas y está contratada por más de 50 ayuntamientos de la provincia
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La Guardia Civil ha cerrado con cinco investigados una indagación a una empresa de recogida de animales de Barcelona que supuestamente sacrificaba perros sin ningún tipo de control y no los alimentaba.
La entidad, que involucra a cinco empresas y siete personas y está contratada por más de 50 ayuntamientos de la provincia, había recibido varias denuncias ciudadanas, lo que levantó sospechas de que podían estar eliminando pruebas mediante una incineradora autorizada para la gestión de cadáveres de la que disponían en una de las residencias que gestionaban.
Denuncia de la FAADA
Uno de los puntos clave en la investigación, llamada Operación RELICTA, fue la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Medio Ambiente por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que aportó pruebas documentales sobre casos específicos de maltrato en una segunda residencia situada en otro municipio.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que investiga el caso desde hace años, apunta a que esta instalación puede haber sido utilizada para encubrir diversos delitos de maltrato animal, destruyendo cuerpos sin seguir los protocolos exigidos, y también sospecha de diversos casos de maltrato en otras dos residencias, gestionadas por las mismas personas.
Según la Benemérita, estas personas podrían haberse lucrado aprovechando la renovada imagen de la nueva residencia para reemplazar a la anterior.
Uno de los perros rescatados por la Guardia Civil en Barcelona
La realidad de sus residencias
En una nota de prensa, la Guardia Civil relata algunos de los malos tratos a los que fueron sometidos los perros. Durante el transcurso de la investigación, se ha tomado declaración a cinco personas que han detallado la realidad de estas residencias caninas con varios casos.
El primero es el de Nuna, “una perra que ingresó embarazada en una de estas residencias, perdió una cantidad significativa de peso en aproximadamente dos meses, y sus cachorros fueron sacrificados sin razón al nacer”.
Lo sigue la historia de Bulbo, “otro perro que sufrió una trágica experiencia debido a las condiciones inadecuadas de las jaulas que permitían que los perros interactuaran peligrosamente, siendo atacado brutalmente por otro perro que compartía pared con él, y en lugar de recibir ayuda y tratamiento, fue injustamente etiquetado como agresivo y, a pesar de los testimonios que contradecían esa evaluación, fue sacrificado”.
También está el caso de Uma, “una perra que ingresó en la misma residencia y vivió en condiciones tan adversas que, en apenas 107 días, perdió el 39% de su peso corporal, reflejando el impacto del abandono y la mala alimentación en su salud”.
Falsificación documental
Además de demostrar el maltrato animal, la investigación sacó a la luz falsificaciones documentales y el almacenamiento no autorizado de cuerpos en una nave.
La Guardia Civil ha concluido que la red opera bajo un esquema criminal que no solo se lucra a través de los contratos con los ayuntamientos y la gestión de los cadáveres y sus residuos, sino que también incurre en delitos y ocultación de pruebas.
Por ello, el Instituto Armado apunta a presuntos ilícitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y organización criminal.
