Un menor lleva a España ante el Tribunal de Estrasburgo por torturas de vigilantes del metro de Barcelona

Un menor de edad ha llevado a la justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, tras la absolución de dos vigilantes del metro de Barcelona a los que denunció por torturas en una agresiva reducción policial ocurrida en noviembre de 2022.

El incidente, grabado en vídeo por la pareja del menor, ha sido presentado por el centro de derechos humanos Iridia como un ejemplo de la impunidad con la que operan algunos agentes de seguridad en el país. Según los abogados del centro, evidencia "las graves deficiencias del sistema judicial español".

Metro de Barcelona

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, Iridia presentó su informe anual sobre torturas, malos tratos y abusos policiales, que revela que el 65 % de las denuncias por estos delitos son archivadas sin diligencias mínimas de investigación.

Dos vídeos claves en la denuncia por torturas

La denuncia se sustenta en dos grabaciones: una dentro de la estación, que muestra una discusión entre el menor y los vigilantes por la validación del billete de metro, y otra en la calle, donde se aprecia cómo uno de los vigilantes se acerca sin mediar palabra, lo derriba y lo inmoviliza presionándole el cuello, mientras el joven grita "¡me estás ahogando!".

Pese a estas pruebas, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona tramitó la denuncia como un delito leve de maltrato, lo que impidió la práctica de diligencias más exhaustivas, y finalmente absolvió a los vigilantes al considerar que actuaron dentro de una "reducción" legítima.

Un caso inédito

Ante la falta de justicia en el ámbito nacional, Iridia ha llevado el caso al Tribunal de Estrasburgo, lo que representa la primera vez que este alto tribunal se pronunciará sobre una denuncia por abusos cometidos por vigilantes de seguridad privada en España.

Pol Mansilla, abogado de Iridia, denunció que "el juzgado impidió cualquier mínima investigación sobre los hechos" y criticó la pasividad del Ministerio Fiscal, que "no movió ni un dedo para que se indagara".

Fallos estructurales en el sistema judicial español

El informe presentado por Iridia también revela que el sistema judicial español no garantiza una investigación efectiva cuando los responsables de torturas o abusos son agentes del Estado o vigilantes privados.

En el 75 % de los casos archivados, la Audiencia de Barcelona ha tenido que intervenir para ordenar que se practiquen diligencias.

Anaïs Franquesa, directora de Iridia, advirte que “el sistema judicial falla al investigar torturas y maltratos de fuerzas de seguridad o funcionarios de prisiones”, lo que, según ella, “debilita la democracia” y causa un dolor profundo a las víctimas.

Además, el 42,8 % de las denuncias analizadas presentan un componente racista, y los procesos judiciales por estos casos tardan una media de cinco años en resolverse.