Un agente de la Guardia Urbana / GUARDIA URBANA
Denuncian a un hombre por lanzar y matar a su gata desde un quinto piso en Barcelona
Los hechos se produjeron hace unos meses en un domicilio del distrito de Nou Barris
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La entidad animalista FAADA ha denunciado la falta de actuación del Ayuntamiento de Barcelona ante un grave caso de maltrato animal en el distrito de Nou Barris.
Un hombre habría arrojado intencionadamente a una gata por la ventana de un quinto piso, provocándole la muerte en el acto.
Un caso que pudo quedar impune
Los hechos se produjeron hace unos meses en un domicilio del distrito barcelonés. Tras la caída mortal, la Guardia Urbana avisó a los servicios municipales, que recogieron el cuerpo del animal.
Un agente de la Guàrdia Urbana de Barcelona
Según ha confirmado el propio Ayuntamiento a petición de FAADA, se realizó únicamente una inspección visual del cadáver, en la que no se apreciaron signos de maltrato.
El cuerpo fue incinerado por la brigada Barcelona Neta después de comprobarse que la gata no llevaba microchip.
Sin embargo, no se practicó ninguna necropsia ni se abrió investigación alguna, al considerar el consistorio que no se daban los supuestos necesarios para ello.
Posible delito de maltrato animal
Desde FAADA han calificado la respuesta municipal como “profundamente preocupante”, ya que la falta de necropsia y de un protocolo de investigación impide esclarecer los hechos.
La entidad recuerda que lo ocurrido podría constituir una infracción muy grave de la Ley estatal 7/2023 de protección animal, e incluso un delito de maltrato animal con resultado de muerte, castigado con penas de prisión de 12 a 24 meses y con inhabilitación de 2 a 4 años para el ejercicio de actividades relacionadas con animales.
Además, la sanción podría agravarse al haber sido presuntamente cometida por el propio responsable del animal.
FAADA pide responsabilidades
El equipo legal de FAADA ha anunciado que ya está trabajando en el caso con el objetivo de evitar que quede impune.
La entidad exige al Ayuntamiento y al resto de administraciones públicas que actúen con mayor diligencia y rigor en contextos donde existan indicios claros de maltrato animal, para garantizar que estos hechos no se repitan.
