Ya están instaladas las primeras cámaras para controlar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Estas se han colocado en algunas de las vías más transitadas de Barcelona y vigilarán que no circulen coches o motos sin la etiqueta ambiental.
UN MILLÓN Y MEDIO DE MATRÍCULAS AL DÍA
La calle Aragó, Marina y la Gran Via de les Corts Catalanes han sido las elegidas para iniciar la instalación de cámaras, según ha avanzado Betevé. En total se instalarán 200 dispositivos y, en un principio, 60 de ellas estarán en el interior de la ciudad, distribuidas en 20 puntos estratégicos. En cada punto escogido se instalará más de una cámara que detectará cualquier vehículo contaminante que infrinja las normas.
Estas contarán con un sistema de infrarojos que leerá automáticamente las matrículas y las registrará mediante un sistema de vídeo. El Ayuntamiento afirmó que estos dispositivos leerán un millón y medio de matrículas al día y que las multas no llegarán a sus destinatarios hasta el 1 de abril de 2020.
LA ZBE, ENCALLADA
El pasado 10 de diciembre, la aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones quedó encallada. ERC dejó al gobierno de comunes y socialistas sin palabras cuando hizo reserva de voto y no apoyó la nueva normativa, como había anunciado. Ahora, el visto bueno del texto que regulará la zona por la que no podrán circular los coches contaminantes tendrá que esperar al pleno del 20 de diciembre. El resto de partidos, Ciutadans, PP, Barcelona pel Canvi y Junts per Catalunya, también ha hecho reserva de voto.
La votación tuvo lugar por la tarde en la comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad. La reserva de voto de los republicanos se produjo a pesar de que el gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni había accedido a introducir una de sus alegaciones estrella: que los trabajadores con ingresos menores a 8.000 euros anuales puedan conducir coches contaminantes durante todo el 2020, es decir que se concede un año de moratoria para estos vehículos. La nueva ordenanza recibió 1.815 alegaciones de 130 personas físicas o jurídicas, de las que el consistorio aceptó el 45%.