El decreto de estado de alarma, aprobado por el Gobierno de España para cortar el contagio del coronavirus, entró en vigor este sábado. Con esta ley, la Guardia Urbana de Barcelona pasa, de facto, a estar bajo las órdenes del Ministerio de Interior, una situación inusual, que ya se vivió durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017 tras la declaración unilateral de independencia por parte de la Generalitat.
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio es la cobertura legal del estado de alarma. En ella, se concreta que "los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior". La legislación contempla "servicios extraordinarios" de los agentes para "proteger personas bienes y lugares".
COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS
El estado de alarma autoriza a los agentes de la autoridad a comprobar que personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos cumplan las medidas de seguridad ordenadas por el Gobierno, en este caso, su cierre temporal mientras se prolongue esta situación de excepción. Con este objetivo, "podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo".
Los agentes empiezan este domingo patrullar las calles de Barcelona para pedir a los ciudadanes que no salgan de casa. Junto a los Mossos d'Esquadra, la urbana colabora, también, en cerrar decenas de locales de ocio que esta pasada noche han abierto pese a las restricciones.
CRÍTICAS DE CSIF
El sindicato CSIF de la Guardia Urbana ha criticado el plan de contingencia preparado por el cuerpo policial y que afecta al servicio público de los agentes y al propio personal del cuerpo en su ámbito personal y familiar. El cuerpo policial ha tomado medidas de flexibilidad que contemplan una reducción del porcentaje de la presencia requerida de los agentes.
CSIF considera que las medidas adoptadas son insuficientes. Entre sus críticas a esta planificación, indican que no puede ser que las horas en las que un miembro de la Guardia Urbana dedique a "atender personas dependientes, hijos menores, familias mayores, familiares con afecciones pulmonares o de alto riesgo" vayan a su cargo. En este sentido, recuerdan que la policía es un colectivo de riesgo y puede ser un transmisor, por lo que proponen afrontar los servicios con el "50% de la plantilla" y relevarse "cada 7, 10 o 15 días".