El cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus impidió repatriar a más del 60% de los extranjeros condenados en la provincia de Barcelona.
Se trata de los condenados a quienes se les habían sustituido las penas de cárcel por la expulsión de España. El coronavirus frenó las expulsiones porque el cierre de fronteras hacía inviables las repatriaciones. Además, la pandemia obligó a clausurar durante siete meses el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
EXPULSIÓN DEL TERRITORIO
La sustitución –total o parcial– de la pena de cárcel por la expulsión del territorio nacional es una posibilidad prevista en la Ley de Extranjería.
Concretamente, la ley prevé que en penas de más de un año de cárcel impuestas a un extranjero no comunitario –en los comunitarios solo se aplica este artículo en caso de estimarse un peligro para la seguridad–, se pueda sustituir la prisión por la expulsión de territorio nacional.
SENTENCIAS MÁS GRAVES
En el caso de las sentencias más graves, de más de cinco años, el juez o tribunal debe acordar el cumplimiento de toda o parte de la pena en prisión.
Posteriormente se procede a la expulsión del procesado por el resto de la condena o cuando acceda al tercer grado o la libertad condicional.
"SIN PAPELES"
También han quedado en suspenso gran parte de los expedientes administrativos de expulsión de extranjeros "sin papeles" por la imposibilidad de materializar las repatriaciones debido al cierre de fronteras.
No obstante, ha habido una excepción con los procedentes de países como Colombia o Chile, con los que las autoridades españolas han cerrado acuerdos.
CIE DE BARCELONA
Durante los meses en que el CIE estuvo cerrado, se llevaron a cabo obras de reforma en las instalaciones y se abrió un módulo para el ingreso de mujeres, con espacios totalmente diferenciados que impiden incluso la coincidencia visual con los reclusos hombres.
Pese a llevar ya cerca de un año abierto, no ha ingresado ninguna mujer en el nuevo módulo, que se está utilizando por el momento para los aislamientos preventivos de internos positivos o sospechosos de estar contagiados de coronavirus, según las fiscales de Extranjería.