Este domingo, 8 de enero, el centro comercial Llobregat Centre –uno de los espacios de referencia en el Baix Llobregat– baja la persiana para siempre. Sus más de 200 trabajadores encaran hoy su última jornada laboral en el equipamiento que les ha acogido durante 30 años. Aunque este es el último día de actividad comercial, el espacio sellará sus puertas definitivamente el 31 de enero. El motivo de este terremoto radica en un desacuerdo económico con la propiedad privada del espacio.El propietario mayoritario de la junta, Comercial Inversora - una sociedad inmobiliaria con sede en Madrid que ostenta más de la mitad de la propiedad - acumula meses de impagos.
Una investigación –encabezada por Metrópoli– sacó a la luz el nombre del administrador único de esta sociedad: Ignacio Blanco Urizar, el presidente de Vox en Asturias. Un día despúes de publicar esta información, el político anunció su dimisión. Ante el pufo de 1,7 millones que ha dejado en Cornellà, los más de 200 trabajadores del centro comercial no pueden asumir los pagos que le corresponden a este propietario. Aseguran que son "costes muy elevados e incompatibles con mantener los gastos de los negocios".
EL FUTURO DE LOS EMPLEADOS, INCIERTO
Actualmente tan sólo continúan activas una veintena de tiendas en el Llobregat Centre. Estas son: Gago, Tria, Verde Limón, Matsofa, Barimueble, 10 x Diez, MGI, Arteluz, Carrefour, Nails Angel, Golden Colors, Blue Station, Centro Adar, Blue 01 Style, Drim, Joyería Duran, Vodafone, Alain Afflelou, McDonald's, El Chullo, KFC, Kataditos, El Coto, Áccura Padel Cornellà y Odeon Multicines. La mayoría de ellas no han notado el inicio de rebajas ya que llevan varias semanas liquidando el género que les queda. Con un pie en la calle, muchos de los trabajadores que quedan en el centro comercial - especialmente de comercios pequeños - desconocen qué les deparará el futuro. Mónica, peluquera en Blue Hair, asegura que sólo pueden depender de ellos mismos para encontrar una solución: "O nos buscamos la vida o nos vamos al paro porque la empresa no se hace cargo de nosotros. Estamos mirando locales por aquí cerca, pero claro, por nuestra cuenta".
Javier, por su parte, lleva 14 años trabajando en la joyería Durán del centro. Asombrado, a la par que desconcertado, explica que aunque el 31 de enero se tapien las instalaciones y deban abandonar sus negocios, los propietarios deberán seguir pagando el mantenimiento de los locales: "Todavía nadie nos ha hecho una oferta para comprarnos el local. A partir de febrero no podremos ni entrar, tendremos que montar otra joyería mientras seguimos pagando esta. Además el Ayuntamiento no nos ha ayudado ni nada por el estilo, espero que al menos no les concedan un cambio de licencia de este espacio hasta que no nos compren los locales".
Fernando y sus cinco trabajadores del restaurante El Coto se ven abocados al paro. El propietario de este local, con voz notablemente irritada y molesta, se muestra incrédulo con la situación que les ha tocado vivir: "Esta gerencia es un lobo disfrazado de cordero, están de parte del propietario mayoritario y para nosotros eso es luchar contra la marea. Nos hacen la vida imposible, nos están hundiendo, nos echan al paro y les dan igual nuestras familias e hipotecas, solo les interesa el dinero". Fernando critica que, una vez cierren el espacio, no pueda volver a entrar a su propiedad: "Pero si esto es mi casa, ¿cómo no me van a dejar entrar?", se pregunta.
LA GUERRA CONTINUA EN LOS TRIBUNALES
Los pequeños comerciantes de Llobregat Centre - 43 propietarios minoritarios - cuentan con un 9,95% de la propiedad del centro comercial frente al 50,05% de Comercial Inversora, el propietario mayoritario. El resto de propiedad está repartida entre otra mercantil - que ostenta un 23% - y la empresa que lleva el pádel del equipamiento, que atesora el 7%. El grupo de pequeños comerciantes - obligados a cerrar forzosamente - han decidido elevar esta problemática a los tribunales. Los propietarios minoritarios exigen a la sociedad inmobiliaria Comercial Inversora cerca de un millón de euros por los impagos de los gastos de la comunidad, a los que se añaden los intereses. Uno de los impulsores de esta acción judicial, - que ha solicitado no hacer público su nombre - ha asegurado a Metrópoli que Comercial Inversora debe cerca de 900.000€ a esta propiedad.
Unos impagos que, junto con la pérdida de la gratuidad del parking, iniciaron el declive de este equipamiento. Así lo asegura Javier, de la joyería Duran: "Pusieron el parking de pago para cargarse a los clientes, ahí empezó todo, nadie quiere pagar lo que se paga aquí por aparcar". Además de la demanda conjunta en la que la comunidad reclama al diputado de la Junta General del Principado la cantidad que debe --cifrada actualmente en 1.075.640 euros--, una vez cierre el centro comercial, los propietarios emprenderán acciones legales a nivel particular contra Ignacio Blanco. Este conjunto de propietarios minoritarios le demandarán por "los cierres y las pérdidas de los negocios" que han causado sus impagos, según apuntan a este medio. Antonio Pozo, propietario de dos locales del centro desde hace 30 años, asegura que esto no puede quedar así: "Tres de mis trabajadores se van al paro, Ignacio Blanco tendrá que rendir cuentas sobre lo que nos está haciendo".
Con este litigio de fondo y un futuro incierto por delante, el primer centro comercial de referencia que abrió sus puertas en el Baix Llobregat en 1994 baja hoy la persiana para siempre.