Promoción de pisos en venta
Un estudio avala el 'modelo Ámsterdam' en Barcelona para frenar la especulación inmobiliaria: prohibir la compra de pisos
El informe, redactado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), asegura que es legalmente viable limitar la adquisición de propiedades en zonas tensionadas para evitar que se expulse a los vecinos
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La crisis de la vivienda vuelve a ocupar el centro del debate en Barcelona. Un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) concluye que es legalmente viable restringir la compra de pisos o edificios residenciales que no se destinen a uso habitual en las llamadas zonas tensionadas, aquellas donde los precios del alquiler y la compra se han disparado muy por encima del poder adquisitivo de la población.
La medida, inspirada en el modelo de Ámsterdam, pretende poner coto a la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso real a la vivienda, uno de los mayores retos sociales que afronta hoy la capital catalana.
Frenar la especulación
Según el informe, presentado este viernes, 10 de octubre, por la vicepresidenta del PEMB y líder de BComú, Janet Sanz, junto al jurista Pablo Feu, establece que solo se puedan adquirir viviendas para residencia habitual.
Pisos en construcción en Barcelona
En el caso de edificios completos, todas las unidades deberían destinarse al alquiler por un período mínimo de 5 años si el comprador es una persona física y 7 años si es una persona jurídica.
La idea es impedir la compraventa masiva de pisos con fines especulativos, que ha sido uno de los motores del incremento de precios y la expulsión de vecinos en los barrios más demandados de la ciudad.
Segundas residencias
La iniciativa también contempla excepciones para segundas residencias —limitadas a una por persona en municipios tensionados— y para los casos en que el inmueble se adquiera con fines familiares.
En palabras de Sanz, la propuesta "haría desaparecer todas las brechas que hoy facilitan el fraude y, sobre todo, la compra masiva con el fin especulativo".
La dirigente de los comunes ha subrayado que el objetivo es “blindar que no haya más casas Orsola por la vía de evitar que puedan hacer estas compras si es para expulsar a sus vecinos”, en referencia al emblemático bloque del Eixample cuyos residentes llevaban años luchando contra la presión de los fondos inmobiliarios hasta que el Ayuntamiento compró el edificio.
La promoción de vivienda social de la calle Veneçuela de Barcelona, en el 22@
Un problema estructural
El informe llega en un contexto especialmente delicado. Barcelona sufre una de las mayores crisis habitacionales de Europa, con precios que han alcanzado máximos históricos.
Además, la proliferación de fondos de inversión, segundas residencias vacías y pisos turísticos ha contribuido a tensar todavía más el mercado. El Ayuntamiento liderado por Collboni ya ha puesto en marcha las medidas para dejar de otorgar licencias turísticas, con la que calcula que 10.000 pisos pasarán al mercado residencial.
Viabilidad legal y voluntad política
El jurista Pablo Feu, autor del informe, ha asegurado que la Constitución Española ampara la posibilidad de limitar la compra de viviendas cuando se trata de garantizar el acceso al derecho a la vivienda y evitar la especulación.
Según Feu, “la legitimidad de esta medida se justifica en la actual crisis habitacional” y en su carácter temporal, lo que evitaría vulnerar el derecho a la propiedad privada.
Viviendas públicas en una imagen de archivo
La propuesta podría aplicarse desde distintos niveles de gobierno —estatal, autonómico o municipal— mediante instrumentos normativos ya existentes. En este sentido, Feu sostiene que los ayuntamientos serían los que más fácilmente podrían implementar la medida, amparados por la legislación básica estatal.
Para Sanz, su puesta en marcha depende únicamente de "la voluntad política". Por ello, ha anunciado que solicitará reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Vivienda para explorar vías de aplicación.
Un posible precedente estatal
Si la propuesta prospera, Catalunya podría convertirse en la primera comunidad del Estado en aplicar una restricción de este tipo. Sin embargo, los expertos advierten que la medida podría acabar recurrida ante el Tribunal Constitucional, aunque Feu se ha mostrado convencido de que saldría avalada.
