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Ya es oficial: el Gobierno congela el precio para más de 600.000 contratos de alquiler durante dos años para evitar subidas por encima del IPC
Esta medida, que busca dar un respiro a los inquilinos, se aplicará durante un periodo de dos años, impidiendo que los propietarios apliquen subidas en el momento de la renovación
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El panorama inmobiliario en España vive un nuevo giro de guion. El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley destinado a frenar la escalada de los precios en el mercado del arrendamiento, estableciendo una congelación de las rentas para más de 600.000 contratos de alquiler de vivienda habitual.
Esta medida, que busca dar un respiro a los inquilinos, se aplicará durante un periodo de dos años, impidiendo que los propietarios apliquen subidas en el momento de la renovación.
La normativa establece que los contratos que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán acogerse a una prórroga extraordinaria.
1,5 millones de personas vinculadas
De esta manera, los inquilinos adquieren el derecho oficial a permanecer en su vivienda aunque el contrato haya vencido, manteniendo las condiciones económicas actuales.
Se estima que esta decisión impactará directamente en la vida de 1,5 millones de personas en todo el país.
Un escudo social ante la crisis
Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-Ley 8/2026, una respuesta urgente del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio.
El plan integral, que cuenta con una inversión superior a los 5.000 millones de euros, busca levantar un "escudo social" para proteger a los sectores y hogares más vulnerables.
El objetivo es que los efectos de la crisis externa sean, en palabras del presidente, "menos erosivos y algo más llevaderos".
Bloques en Barcelona en una imagen
Nueva renta
La entrada en vigor se produjo este pasado sábado, 21 de marzo, tras su publicación en el BOE.
Con esta renovación automática, se evita que los caseros establezcan una nueva renta al caducar los contratos, una práctica que, según los expertos, podría haber derivado en incrementos de entre el 10% y el 20%.
No obstante, las previsiones más pesimistas, como las del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, apuntaban a subidas de hasta el 50% en algunas zonas.
Incertidumbre en el Congreso
Pese a que la medida ya está en funcionamiento, su continuidad no está garantizada a largo plazo. El decreto tiene un plazo máximo de 30 días para ser ratificado por el Congreso de los Diputados.
Si la Cámara Baja no da su visto bueno en este periodo, la congelación de los alquileres podría decaer, dejando en el aire la protección de esos 600.000 contratos que el Ejecutivo intenta blindar.
Actualmente, el Ejecutivo no cuenta con el respaldo del PNV ni de Junts, cuyos votos son imprescindibles para alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento.
Vista panorámica del Eixample de Barcelona
80 medidas urgentes
Mientras tanto, el plan del Gobierno sigue adelante con 80 medidas urgentes que benefician a 20 millones de hogares y tres millones de empresas.
Además de la vivienda, el decreto busca acelerar la electrificación y el despliegue de renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Por ahora, los inquilinos tienen asegurada la prórroga, pero la decisión final del Congreso marcará el futuro real de sus recibos mensuales.
