El ascensor sin funcionar del mercado de Fondo / ÁNGELA VÁZQUEZ
Confirmado: la nueva ley de ascensores confirmada por el BOE dicta que pueden costar 40.000 euros a los vecinos
La medida afecta de forma especialmente significativa a los edificios más antiguos, donde las instalaciones no cumplen los estándares actuales y requieren adaptaciones
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La entrada en vigor de la nueva normativa sobre ascensores en España ya está empezando a tener efectos directos en las comunidades de propietarios. Aunque sobre el papel se presentó como una actualización técnica orientada a mejorar la seguridad de las instalaciones, en la práctica está derivando en importantes costes económicos para muchos vecinos, en forma de derramas que, en algunos casos, pueden alcanzar varios miles de euros por ascensor.
La medida afecta de forma especialmente significativa a los edificios más antiguos, donde las instalaciones no cumplen los estándares actuales y requieren adaptaciones. Esto obliga a numerosas comunidades a revisar sus ascensores y, en muchos casos, a realizar obras de modernización que no siempre son sencillas ni baratas. Dependiendo del estado del equipo, el coste puede variar considerablemente, lo que está generando preocupación en muchos inmuebles.
El Real Decreto 355/2024, base de los cambios
El origen de esta situación se encuentra en el Real Decreto 355/2024, que introduce una serie de exigencias técnicas que afectan a buena parte del parque de ascensores del país, especialmente a aquellos con más antigüedad.
Ascensores
Entre las modificaciones más relevantes se incluye la necesidad de asegurar la correcta alineación de la cabina con cada planta para evitar desniveles en el acceso, algo habitual en edificios antiguos. También se refuerzan los sistemas de seguridad de las puertas para reducir el riesgo de atrapamientos y se incorporan mejoras como sistemas de comunicación en caso de emergencia o dispositivos que eviten sobrecargas.
En muchos casos, estas exigencias implican sustituir componentes antiguos o actualizar sistemas completos, lo que incrementa de forma notable el coste de las intervenciones.
Costes muy variables, pero con una tendencia al alza
El impacto económico de estas adaptaciones no es uniforme. Las actuaciones más básicas pueden situarse en torno a los 1.000 euros, pero cuando se trata de una modernización más profunda, las cifras aumentan rápidamente.
En estos escenarios, los presupuestos pueden situarse entre los 10.000 y los 15.000 euros por ascensor, e incluso alcanzar los 40.000 euros en los casos más complejos. Todo depende del estado de conservación, la antigüedad del sistema y las exigencias derivadas de las inspecciones técnicas.
Personas utilizan un ascensor en Barcelona
Dado que una gran parte del parque de viviendas en España tiene varias décadas de antigüedad, se prevé que un número significativo de comunidades tenga que asumir inversiones elevadas en los próximos años.
Derramas obligatorias para todos los propietarios
Uno de los aspectos que más controversia está generando es el reparto de los costes. La normativa establece que las obras derivadas de estas obligaciones de seguridad deben ser asumidas por todos los propietarios, en función de su coeficiente de participación.
Esto significa que incluso los vecinos que voten en contra en la junta están obligados a contribuir económicamente. Al tratarse de actuaciones vinculadas a la seguridad del edificio, la capacidad de oposición es muy limitada una vez detectadas las deficiencias.
En edificios con varios ascensores o gran número de viviendas, el impacto individual puede ascender a varios miles de euros por propietario.
Plazos de adaptación progresivos
Aunque la normativa ya está en vigor, su aplicación no implica intervenciones inmediatas en todos los casos. El proceso comienza con inspecciones técnicas que determinan el estado de cada instalación y fijan los plazos de adaptación correspondientes.
Estos plazos pueden oscilar entre los tres y los diez años, en función de la gravedad de las deficiencias detectadas. Esto ofrece cierto margen de planificación a las comunidades, aunque no elimina la obligación de ejecutar las mejoras.
En caso de incumplimiento, pueden imponerse sanciones e incluso ordenarse la paralización del ascensor hasta su adecuación.
Mayor impacto en edificios antiguos
El efecto de la normativa no es homogéneo. Los edificios de construcción más reciente suelen requerir ajustes menores, ya que incorporan sistemas más modernos. Sin embargo, las fincas antiguas concentran la mayor parte de las incidencias.
Ascensores con décadas de funcionamiento, componentes obsoletos y ausencia de actualizaciones acumuladas hacen que las intervenciones sean más complejas y costosas.
En consecuencia, la revisión de los ascensores ha pasado a convertirse en una de las principales preocupaciones económicas en muchas comunidades de vecinos, donde el objetivo de mejorar la seguridad convive ahora con un impacto financiero significativo.
