Plan de choque para acabar con los narcopisos

Plan de choque para acabar con los narcopisos que anidan en el Raval y que han disparado el consumo de heroína en el barrio. La comisión de Derechos Sociales de Barcelona ha aprobado este martes sendas propuestas de PP y Cs para impulsar acciones contra los puntos de compra y venta de heroína y elaborar un informe de viviendas y equipamientos ocupados en toda la ciudad, desglosado por distritos. 

La proposición del PP, transaccionada y aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de la CUP, insta al Gobierno de Ada Colau a impulsar medidas dentro de las competencias municipales para evitar ocupaciones en el Raval y un plan de choque de servicios sociales transversal e interadministrativo.

La concejal popular Àngels Esteller ha criticado que el Raval vive una situación de inseguridad generalizada, y la teniente de alcalde Laia Ortiz ha sostenido que se trata de una problemática compleja relacionada con la vivienda y el empobrecimiento, y ha exigido "responsabilidad" a los grandes tenedores de vivienda que tienen pisos vacíos.

EL 70% DE OCUPACIONES, EN PISOS DE ENTIDADES FINANCIERAS

Con el voto a favor de todos los grupos excepto la CUP y la abstención del PP, ha aprobado elaborar un informe de los pisos y equipamientos ocupados en toda la ciudad, diferenciando de si se trata de casos de vulnerabilidad o de grupos antisistema: "Son fenómenos de ocupación que deben abordarse de forma distinta", ha sostenido la concejal de Cs Marilén Barceló.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha dicho que las ocupaciones son un problema pero que hay menos en Barcelona que en otros municipios metropolitanos: "No llega al 0,2%, lo que no significa que no sea un problema, y el 70% son pisos de entidades financieras", ha detallado.

Montaner ha rechazado un ruego del PP para desalojar la finca municipal 'okupada' y destinada a vivienda social en la calle d'En Robador, y ha recordado que el Gobierno municipal tratará de encontrar una solución negociada pero que ya ha tramitado el expediente de denuncia por si no la logra, en cuyo caso habría una solución "legal por la fuerza".