Cementiris veta el acceso a los afectados por el derribo de Montjuïc

Cementiris de Barcelona ha prohibido el acceso a la zona del derrumbe de Montjuïc al abogado de las familias afectadas tras haber acordado, previamente, su visita.

El abogado Josep Maria Palacio, un arquitecto y dos personas afectadas por el derribo de 144 nichos, el pasado 15 de septiembre, se presentaron en el Cementerio de Montjuïc. Cuando llegaron a la zona del derribo, llamaron a las oficinas para que les abrieran una puerta que estaba cerrada con llave.

Instantes después, tres personas de Cementiris acudieron al lugar del accidente. Entre ellas, una responsable de comunicación y el abogado de la empresa, Esteve Grima Moral.

Palacio, que previamente había anunciado sus intenciones a Cementiris de Barcelona, quería inspeccionar la zona. Grima, sorprendentemente, le comunicó que no podía acceder a su petición y le emplazó a que hiciera su petición por escrito. De manera formal.

“La visita se tiene que coordinar. Es un tema de gestión nuestra”, comunicó Grima a Palacio, que unas horas más tarde preparaba el escrito pertinente.

PRUEBAS DE ADN

Palacio, en representación de nueve familias, ya ha presentado una solicitud de certificación de todos los cadáveres. Las familias reclaman que se hagan pruebas de ADN, petición a la que inicialmente se oponían en Cementiris de Barcelona.

El pasado 10 de noviembre, las familias fueron recibidas por representantes de Cementiris de Barcelona, que pidieron las pertinentes identificaciones y las mencionadas pruebas de ADN. La empresa municipal estuvo representada por dos antropólogos y por la doctora Cristina Santos, que sería la persona responsable de hacer las pruebas de ADN.

La mayor crisis de la historia de Cementiris de Barcelona sigue sin resolverse. Dos días antes del derrumbe, en Montjuïc ya detectaron unas grietas. Sin embargo, los responsables no avisaron a los bomberos ni a la Guàrdia Urbana. Tampoco lo hicieron el día 15. Y, además, cometieron varias irregularidades.

Según fuentes del sector, Cementiris de Barcelona actuó incorrectamente al abrir los nichos de las personas que habían fallecido hace menos de dos años. La normativa obliga a comunicar este procedimiento al juez y a los familiares antes de volver a enterrar los cadáveres, un paso que no hizo la empresa que dirige Jordi Valmaña y preside Eloi Badia, regidor de Presidencia, Agua y energía del Ayuntamiento de Barcelona.

Valmaña y Badia dieron explicaciones muy superficiales dos semanas después del accidente. El director general reconoció que se habían cometido errores. Badia, en cambio, se mostró muy esquivo. Dos meses después, ninguno de los dos ha dimitido como piden las familias, molestas también con el silencio de Ada Colau. La alcaldesa, tan mediática y locuaz, nada ha dicho del tema.