El 85% de los actuales desalojos judiciales tienen su origen en un contrato de alquiler, no en ejecuciones hipotecarias. “Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos del 2013, las personas del colectivo han sido las más afectadas. Juntamente con este fenómeno, encontramos los llamados ‘desahucios invisibles’, es decir, los que se producen cuando, a la finalización del contrato de alquiler, la subida del mismo es tal que fuerza a las personas a marchar”. Ésta es una de las rotundas afirmaciones que hace el Informe sobre la vivienda en Barcelona, que ha concluido el Consejo Económico Social de Barcelona (CESB).
Juntamente con las familias más vulnerables, “esta situación es especialmente grave para la juventud, que es el colectivo más afectado por el paro y los bajos salarios, que dificultan enormemente su emancipación. En este sentido, y teniendo en cuenta la tasa de sobreesfuerzo en el pago del alquiler viene determinada por la dedicación de más de un 40% del sueldo al pago del alquiler”. Además, tomando como referencia el salario medio según edad y género, “se constata que la tasa de esfuerzo es inalcanzable para el joven y que se agrava entre la población femenina”.
EL SUELDO SE VA EN EL ALQUILER
Los datos son estremecedores. El alquiler medio de Barcelona es de algo más de 900 euros por piso, que multiplicado por los 12 meses del año da un total de más de 10.800 euros anuales. Pues bien, el salario medio de un joven masculino de hasta 24 años es de 9.516 euros al año (el alquiler representa, pues, un 114,42% de su salario), pero entre la población femenina esta tasa se dispara: las chicas ganan sólo 7.652 euros de media, por lo que el alquiler les cuesta un 142,3% de su salario. La media de los dos sexos se sitúa en ingresos de 8.584 euros, por lo que la tasa que han de dedicar a tener vivienda es del 126,85%.
Los expertos consideran que, en estos momentos, “la población joven no puede acceder al mercado inmobiliario y, por tanto, tienen muchas dificultades de emancipación”. Ello provoca que la juventud haya de hacer “un sobreesfuerzo económico para hacer frente al coste del alquiler”. Los datos son preocupantes: “En Barcelona, el 42,7% de las personas que alquilan una vivienda destinan más del 40% de sus ingresos a hacer frente a estos pagos, es decir, más de 300.000 personas están sometidas a una tasa de sobreesfuerzo con repercusiones negativas sobre el consumo de otros bienes y servicios”. Y en el segmento de los jóvenes, esas cifras se multiplican.
Entra las valoraciones que hace el CESB, se destaca que “en un marco en el que los salarios no crecieron en la misma proporción y donde el paro y la temporalidad fueron una constante, encontramos que el incremento de las tasas de esfuerzo para hacer frente a los precios del arrendamiento dejaron fuera del mercado a numerosas personas y familias, especialmente a la juventud. El año 2017, la tasa de esfuerzo media de las personas menores de 25 años era superior al 125%, del colectivo de 25 a 29, se situaba en el 61% y la de la población entre 30 y 40 años superaba el 39%. Son cifras que superan en mucho los estándares para acceder a una vivienda y hacer frente al resto de gastos”.
Tasas de esfuerzo en 2017 / AJ BCN
A LA COLA EN VIVIENDA SOCIAL
Esta dramática situación se produce en la capital catalana porque “es una de las ciudades con el porcentaje más bajo de vivienda dedicada a alquiler social en Europa”. La solución a este problema pasa, pues, por un enfoque multidimensional de las problemáticas expuestas que requiere “una diagnosis compartida entre todos los agentes implicados para conseguir políticas de vivienda consensuadas e innovadoras donde se garantice la participación de todos ellos”. Entre otras cosas, esas soluciones pasan por equilibrar oferta y demanda “mediante un aumento de las unidades disponibles tanto en el mercado libre con precios de mercado como en el asequible, por debajo de los precios de mercado, y social para hacer frente a las emergencias habitacionales”.
El estudio destaca que, según las cámaras de la propiedad, el incremento de los precios de la vivienda en el último año han sido del 17,6%, lo que añade un plus de gravedad a la situación. Además, la subida de alquileres y la búsqueda de soluciones para poder vivir cerca del donde se estudia o trabaja ha dado lugar a los llamados pisos compartidos, lo que provoca situaciones de subarrendamiento y sobreocupación “con todo lo que eso implica: disminución de la calidad de vida por déficit de espacios vitales y formas de convivencia basadas en el reparto de los gastos”. Según Cáritas, “en el 2018, un 24,8% de personas de la Diócesis de Barcelona viven en una vivienda inadecuada. Este porcentaje supera al de Cataluña (un 15,9%) y España (un 9,9%). En Barcelona, un 20,4% se encontraba con situación de amontonamiento frente a un 12,6% en Cataluña y un 6,7% en España”.
PROPUESTAS DE SOLUCIONES
Ésta es una situación, dice el informe, que “es preciso abordar en todas sus magnitudes, con implicación de todas las instituciones, agentes sociales y operadores para conseguir adaptar la oferta inmobiliaria a las necesidades de la ciudad, evitando la polarización y la segregación residencial”.
Y todo eso en un entorno en el que se estima el número de viviendas vacías en la capital de Cataluña en 2.600. “El aumento de los precios de compra y alquiler, el número de desahucios y el aumento de personas que viven en el lindar de la pobreza y en riesgo de exclusión social han provocado que la ocupación de pisos vacíos se mantenga y, con ella, una problemática social, económica y judicial”.
Ante ello, el CESB propone un “aumento de viviendas para alquiler social para conseguir una estabilización de los precios de alquiler y reducir la tasa de esfuerzo”. Otra de las medidas es impulsar “la rehabilitación y construcción de nuevas viviendas que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a generar nuevos puestos de trabajo y a modernizar el sector de la construcción”. A corto plazo, el Consell propone “encontrar soluciones para poner en el mercado los pisos y solares vacíos, tal y como ya se contemplaba en la Ley de Urbanismo”. Y, sobre todo, que tanto el sector privado como el público aborden las soluciones conjuntamente.