El Ayuntamiento de Barcelona revisará el presupuesto y las ordenanzas fiscales
La regidora Montserrat Ballarín reconoce que habrá que afrontar nuevas necesidades sociales en la ciudad
2 abril, 2020 10:10Noticias relacionadas
La pandemia del coronavirus obligará al Ayuntamiento de Barcelona a modificar el presupuesto para 2020 y las ordenanzas fiscales. Casi con total seguridad, la crisis económica que viene condicionará también las cuentas municipales de todo el mandato. Lo avanza la regidora de Hacienda, Comercio y Mercados, Montserrat Ballarín, en una entrevista con Metrópoli Abierta publicada este jueves.
"Hace tan solo unas semanas, no era tan solo válido, sino que era un muy buen presupuesto para afrontar el mandato. En apenas un par de semanas, el panorama se ha trastocado profundamente y en estos momentos parece claro que el presupuesto necesitará ajustes", subraya Ballarín. Para la edil, que fue la número cuatro de la lista del PSC en las elecciones del pasado mayo, todo ha cambiado a velocidad supersónica.
NUEVAS REALIDADES SOCIALES
Ballarín dice que hasta que se vea la luz al final del túnel "resulta imposible responder con precisión qué podemos mantener y replantear, más allá de las intuiciones que podamos tener y de los nuevos datos que vamos obteniendo en el contexto actual. Será necesario volver a evaluar los ingresos y gastos, a nivel global, y nos tocará hacerlo con rigor y responsabilidad". Pero avanza que "habrá que afrontar las nuevas necesidades sociales y ayudar a los titulares de actividades económicas que lo están pasando peor".
Distintos partidos de la oposición, como son Barcelona pel Canvi y Ciutadans, han exigido al gobierno revisar también las ordenanzas fiscales de 2020, que han supuesto un importante incremento de tasas e impuestos. Así lo expresaron en distintas entrevistas con este medio las regidoras Eva Parera y Mariluz Guilarte, respectivamente.
"La actual crisis ha cambiado las previsiones presupuestarias, tanto en ingresos como en gastos. Los cambios que se planteen tienen que ser de gran precisión y justos, teniendo en cuenta, por encima de todo, cómo ha empeorado la situación de muchas actividades económicas de Barcelona y su repercusión en el empleo. Habrá que afrontar en profundidad la situación una vez conozcamos todos los parámetros, no antes".
APLAZAMIENTO DE TASAS E IMPUESTOS
La regidora recuerda que el consistorio ya ha tomado diversas medidas en el campo económico para paliar los efectos del coronavirus. "Hemos prorrogado hasta julio el pago de los impuestos a los ciudadanos y empresas, y hasta octubre en el caso de las terrazas. Estos meses de prórroga son para que la ciudadanía y los titulares de actividades económicas no se preocupen por los tributos municipales, para darnos tiempo a hacer las cosas bien. También hemos fijado ya la exoneración de algunas figuras durante el tiempo de alarma, como las tasas de terrazas y los precios públicos de residuos comerciales. Somos muy conscientes de lo complicada que resulta la situación para muchas personas y negocios".
En la entrevista, Ballarín dice que todavía es pronto para saber el alcance de la crisis, pero todo apunta que será enorme. Ya ahora, casi 600.000 personas están afectadas por ERTEs en Cataluña y, muy probablemente, numerosas empresas y servicios tendrán que cerrar. "No tenemos aún información suficiente para saber el alcance real de la crisis en términos económicos".
ASEGURAR LA LIQUIDEZ
"Dependerá en gran medida de cuándo se levanten las medidas de alarma y confinamiento y, sobre todo, de cómo se aborde desde Europa la reactivación económica", precisa la responsable de la Hacienda municipal. "Nosotros como Ayuntamiento hemos tomado medidas para asegurar la liquidez de las empresas, ya sea mediante la continuidad de los contratos públicos o la garantía del pago a tiempo a nuestros proveedores, pero necesitamos como agua de mayo el compromiso conjunto de todos los países que el presidente Pedro Sánchez reivindica estos días en Europa".
En el caso concreto de Barcelona, la crisis tendrá un efecto en sectores clave, como el hotelero, la restauración y el comercio. "Son muchos los sectores que están sufriendo. Por mis responsabilidades actuales, estoy siendo testigo más directo de la situación del comercio no alimentario, la restauración y las personas autónomas. Hemos de recordar que el comercio y servicios de proximidad forman parte del ADN de Barcelona. Sin ellos, Barcelona perdería su identidad".
PACTO, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Precisamente, uno de estos sectores, el de la restauración, es el que se ha mostrado más crítico con las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento. Los restauradores piden una condonación de los impuestos municipales durante seis meses y no tener que pagar el alquiler durante el confinamiento, aunque esta decisión no corresponde al ejecutivo local.
"Se ha aplazado al mes de octubre el pago de la tasa tasa de terrazas. Veamos cómo evoluciona todo y cuál es la mejor manera de ayudar al sector de la restauración. Todos tenemos claro que solo saldremos de esta crisis si vamos todos a una. Y la restauración sabe que tendrá al Ayuntamiento y a la ciudadanía a su lado para ayudarles a salir de este agujero, del que aún no sabemos su profundidad", responde Ballarín, que defiende una estrategia pactada entre el sector público y el privado para reflotar la restauración, el hotelero y el comercio.
SUSPENDIDO EL PAGO DEL ALQUILER
Otro aspecto que preocupa es la afectación que la crisis puede tener en el mercado inmobiliario, con miles de familias que no puedan pagar el alquiler o la hipoteca. "De manera específica, el Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido el pago del alquiler de más de 8.000 viviendas municipales y casi 400 locales comerciales de propiedad municipal. La suspensión durará tres meses y las cuotas se prorratearán en los 18 meses posteriores, pudiendo rebajarse los alquileres cuando haya afectaciones por la crisis".
El consistorio, además, se ha dirigido por carta a los propietarios para que tengan en cuenta la situación de crisis y rebajen precios a sus inquilinos. Muy importante también es que el gobierno de España paralice durante seis meses los desahucios y prorrogue automáticamente los contratos vencidos en este tiempo. En todo caso, cuanto más extraordinarias sean las circunstancias, más extraordinarias deberán ser las medidas que políticamente se adopten", concluye.