La Agència Catalana del Consum de la Generalitat ha impuesto seis millones de euros en 246 sanciones a 79 grandes tenedores desde 2019 por no ofrecer alquiler social a familias en riesgo de exclusión residencial, la mayoría de ellos en el área metropolitana de Barcelona.
El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el director de la Agència Catalana del Consum, Albert Melià, han hecho balance en rueda de prensa del programa para reforzar la protección de las familias en riesgo de exclusión residencial.
De los 79 grandes tenedores, hay dos que copan el 44% del total de sanciones (2,7 millones de euros), aunque Torrent no ha detallado su nombre porque aún no existe una sentencia firme sobre ellos.
Los grandes tenedores sancionados
Si han nombrado las 11 empresas con sanción firme: Coral Homes, Altamira Santander Real Estate, BTL Spain Residential Acquisitions, Wind Luxemburg, Cabot Assets Spain, Claysburg, Cimentados3, Matella, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria, Unión Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito y Aiqon Capital España.
Torrent ha dicho que el fin es "no llegar al expediente sancionador", sino que las multas tengan carácter disuasivo y las inmobiliarias ofrezcan alquiler social a colectivos vulnerables, aunque Melià ha dicho que, tras el aviso de sanción, pocas empresas dan una solución habitacional a las familias.
En cuanto a expedientes a grandes tenedores, desde 2019 se han abierto 1.242, y dos inmobiliarias acumulan el 52%: Divarian Propiedad con 423 y Promontoria Coliseum Real Estate con 221, y el BBVA está en tercer lugar con 87.
La mayoría de expedientes son en el AMB
La mayoría de los expedientes abiertos y de las sanciones puestas están en el área metropolitana de Barcelona, pero sin incluir la capital, ya que el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en materia de vivienda.
En la provincia de Barcelona, 25 sanciones se han puesto en L'Hospitalet de Llobregat, 19 en Terrassa, 15 en Badalona, 14 en Mataró y 14 en Santa Coloma de Gramenet.
Panorámica de Badalona en una imagen de archivo
Los municipios que más expedientes acumulan son Badalona con 110, L'Hospitalet de Llobregat con 79, Sabadell con 66, Terrassa con 64, y Santa Coloma de Gramenet con 60.
Pisos de alquiler social
Las sanciones responden a la normativa actual de 2022 que establece que los grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de interponer la demanda de ejecución hipotecaria o desalojo.
La Generalitat empezó con las multas en 2019 después de que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley de vivienda de 2015, que contemplaba esta cuestión. La administración reforzó en enero de 2023 el programa con 19 profesionales dedicados a velar por el cumplimiento de la ley e interponer expedientes, y desde entonces ha hecho 1.609 actuaciones inspectoras, un 779% más respecto al total de inspecciones desde 2020 (183).