El despido de 1.200 personas de Vodafone desata una oleada de huelgas y manifestaciones en Barcelona

Un expediente de regulación de empleo (ERE) "sobredimensionado, totalmente desproporcionado, poco transparente" y que traerá problemas a la plantilla, así definen los trabajadores el cese de 1.198 personas en toda España y que afectará, entre otras, a las oficinas en Barcelona, una de las principales del Estado. El despido masivo de empleados de la operadora telefónica, anunciado hace escasas dos semanas, trae consigo un calendario de manifestaciones y huelgas que se alargarán a lo largo de julio.

Además de las protestas convocadas entre finales de junio y los primeros días de julio, se esperan nuevos parones parciales los días 4, 10, 16 y 17 de julio, así como huelgas de jornada completa para el 9 y el 11 de julio. Por el momento, estas han contado con un seguimiento del 70% de la plantilla.

Comprada por el fondo Zegona

Según ha explicado el sindicato STC a Metrópoli, lo que ocurre en la telefónica es un tijeretazo laboral provocado por "malas decisiones comerciales de Vodafone, una lentitud a la hora de adaptarse a los cambios en un sector muy cambiante y una compra opaca por parte del fondo británico Zegona, que ha llegado con despidos bajo el brazo".

Trabajadores de Vodafone en Barcelona STC

Y es que la adquisición, formalizada el pasado 21 de mayo tras recibir el visto bueno del Gobierno por 5.000 millones, tuvo lugar tres semanas antes de que se anunciara el cese del 36,65% de la plantilla. "Eso nos hace sospechar que el ERE ya estaba en los planes del fondo. Lo que no sabemos es si el Gobierno aprobó la compra conociendo estas intenciones, ya que hay fragmentos del acuerdo que se han mantenido en secreto o que no se están facilitando", acusan.

Un proceso "poco transparente"

La falta de información es, lamentan, uno de los principales escollos con los que los sindicatos se están encontrando a la hora de sentarse a negociar con la capitaneada por José Miguel García, quien recientemente ha sido colocado como administrador único de Vodafone España y todas sus filiales.

Por el momento, los sindicatos se centran en el análisis de la información compartida, por lo que "todavía no nos hemos podido poner con las condiciones sociales". Hasta la fecha, lo que está sobre la mesa es un plan de despidos de adhesión inicialmente voluntaria --con derecho a veto para quienes la empresa considere imprescindibles--con una indemnización de 24 días por año trabajado hasta un máximo de 14 mensualidades, rozando el mínimo legal.

Pero el tiempo apremia. De hecho, se estima --si no se acuerdan prórrogas-- que las negociaciones terminen el próximo 17 de julio. Por el momento, el ajuste cuenta con la oposición frontal de todos los sindicatos con representación en el comité de empresa, aunque se mantienen "abiertos a todo, siempre que el proceso sea correcto y sin vulneraciones a los derechos laborales". "No hay líneas rojas de momento", aclaran.

En peligro la viabilidad

No obstante, aseguran que llevar a cabo el expediente supondrá un tiro en el pie para la compañía. "En Vodafone España la carga laboral es grande siendo ya 3.268 trabajadores. Si prescindimos de casi un tercio, la carga laboral se recrudecerá demasiado", valoran.

"Nos preocupa mucho la viabilidad de la empresa, porque lo que se hace con el ERE ya se ha hecho anteriormente y no ha funcionado", explican. De hecho, este tipo de estrategias no son nuevas en la compañía. Uno de los lemas exhibidos en las manifestaciones ha sido "un ERE cada dos años".

Habitualmente, "los ceses no eran tan grandes y se iba contratando personal nuevo" con el tiempo. La apuesta por reducir de forma drástica el número de empleados "creemos que pone en peligro la viabilidad de la misma Vodafone en España", calculan.

Consultados por este digital, desde Vodafone España han rechazado hacer declaraciones.