Turismo Barcelona
Barcelona acorrala a Airbnb: la estrategia de Collboni para acabar con los pisos turísticos ilegales
El alcalde de la capital catalana prevé judicializar los 300 o 400 apartamentos sin licencia que los inspectores municipales detectan cada mes si no se llega a un nuevo convenio con la plataforma
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Mano dura contra Airbnb. El Ayuntamiento de Barcelona tiene claro que quiere terminar con la actividad de los pisos turísticos en la ciudad y lo conseguirá con la suspensión de las licencias a partir de 2028, pero, en el camino hasta ahí, continuará su ofensiva para cerrar los apartamentos ilegales que se anuncian en la plataforma.
Jaume Collboni ha anunciado este martes, tras reunirse con los máximos representantes de la compañía americana, que buscan cerrar un nuevo convenio con la plataforma para combatir los pisos turísticos ilegales y evitar su judicialización.
La polémica por los 800 pisos ilegales
El encuentro ha llegado tras la escalada de tensión entre el consistorio y la compañía por los 800 pisos turísticos sin licencia detectados en Barcelona durante el primer trimestre de 2025 y que el consistorio denunció públicamente que la compañía se negaba a despublicar.
Tras el ultimátum, Airbnb ha retirado los anuncios, tal y como ha informado este martes la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, aunque sin obviar el hecho que ha ocurrido con dos meses de retraso.
Reunión de representantes de Airbnb con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
Entre 300 y 400 pisos al mes
Bonet ha apuntado que los inspectores municipales detectan entre 300 y 400 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb cada mes.
No obstante, las notificaciones enviadas por el consistorio tardan meses en llegar a la compañía, entre otras cosas, porque deben hacerlo por correo postal.
Entre tanto, los pisos turísticos sin licencia continúan anunciados en la plataforma y tampoco se toman medidas para evitar que, una vez despublicado el anuncio, los propietarios u organizaciones no vuelvan a publicar la oferta, ha explicado la teniente.
Registro estatal de pisos turísticos
Por eso mismo, el Ayuntamiento de Barcelona quiere renovar el convenio con Airbnb y reforzarlo con el último marco legal vigente.
A partir del 1 de julio, todos los pisos turísticos y de temporada en España deberán entrar en un registro único y público para poder operar en webs digitales como Airbnb dedicadas a este tipo de arrendamiento.
Imagen de archivo de un piso turístico
Aquellas viviendas que se anuncien y no cuenten con el número de registro, se considerarán ilegales, lo que dará pie a entidades como el Ayuntamiento de Barcelona a judicializar los casos.
Ofensiva de Collboni
“Queremos hacer un nuevo convenio porque pensamos que es mejor que nos entendamos y combatamos juntos la ilegalidad, pero con o sin él, estudiaremos todas las medidas administrativas, civiles y penales que nos dé el nuevo marco legislativo”, ha afirmado Collboni, aunque eso involucre a la compañía.
En este sentido, el alcalde ha advertido de que desde el consistorio no van a permitir “ningún amparo de la ilegalidad” y que actuarán en caso de que la situación se alargue en el tiempo.
De hecho, ha acusado a la compañía americana de ser “colaboradora involuntaria” de las personas y organizaciones que se anuncian en su portal sin licencia cuando con otras plataformas como Booking se actúa con más rapidez.
Vecinos paseando por una calle con un grafiti contra el turismo de fondo
La propuesta de Airbnb
El director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, ha asegurado que espera "con interés" el nuevo convenio, aunque ha considerado que debería basarse en la normativa europea que entrará en vigor en 2026.
A su juicio, el acuerdo colaborativo debería ir en la línea de crear un modelo que diferencie las estancias ocasionales de los alojamientos turísticos de alta ocupación para frenar el turismo de masas y beneficiar a los residentes.
El director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago
Sin fecha límite
El alcalde espera que después de esta primera toma de contacto la comunicación mejore, sin fijar una fecha límite para llegar a un acuerdo con respecto al convenio.
Mientras no haya pacto, la guerra abierta pasará, a partir del próximo mes, a un escenario más letal: una batalla en los tribunales.
