Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya
La prohibición del Govern sobre la vivienda especulativa pondría en riesgo dos de cada tres alquileres en Barcelona
El sector inmobiliario catalán rechaza la medida que estudian tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de la capital catalana y aseguran que solo reduciría la oferta, además de no tener viabilidad jurídica para llevarse a cabo
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La intención del Govern de prohibir la compra especulativa de vivienda en la comunidad autónoma ha generado alarma en el sector inmobiliario catalán.
Las principales entidades han advertido en un comunicado este jueves, 6 de noviembre, de que la restricción “no solucionará el problema de acceso a la vivienda” y reducirá todavía más la escasa oferta que hay en el parque del alquiler.
Asimismo, han avisado que afectará especialmente a los propietarios físicos, que en Barcelona suponen el 65,5% del mercado de arrendamientos.
Voluntad de las administraciones
Este miércoles, el presidente Salvador Illa explicó que su gobierno se encuentra en proceso de realizar informes y consultar a expertos para diseñar una norma jurídicamente viable para frenar la compra especulativa.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Barcelona acordó, del mismo modo, estudiar los instrumentos urbanísticos necesarios para limitar este tipo de adquisiciones en la ciudad.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
Unos movimientos que han llegado tras la publicación de un informe del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) que defendía la viabilidad de una norma que limitara las compras de viviendas siempre que estas no se destinen a la residencia habitual del comprador.
No hay viabilidad jurídica
No obstante, el comunicado -suscrito por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Colegio de API de Barcelona y el Consejo de Cámaras de la Propiedad de Cataluña- niega que haya viabilidad jurídica para llevarse a cabo.
Otro informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Joan Manuel Trayter y la profesora de la UB Irene Araguàs, avalado por las entidades del sector, concluye que la Generalitat no tiene competencias para efectuar la regulación, ya que va “más allá” del urbanismo.
Suelo de viviendas en construcción en Esplugues Barcelona
Además, medida generaría más inseguridad jurídica y no se ajusta a los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, pues “no se identifica el resultado esperado desde el punto de vista de la mejora del acceso a la vivienda”.
Aumento de precios
El estudio asegura que la reducción de la oferta de la vivienda de alquiler comportará un aumento de precios, lo que pondría en riesgo a las personas más vulnerables, ya que habrá menos viviendas asequibles.
Asimismo, según los expertos, sería imposible llevar a cabo contratos de alquiler con opción a compra u otros negocios gratuitos como sería una cesión de uso o un usufructo (por ejemplo, en favor de un familiar).
Cartel de una vivienda de alquiler en Barcelona / ARCHIVO
La prohibición de compra de edificios enteros frenaría, además, la rehabilitación del parque de viviendas, muy envejecido en la capital catalana.
Mercados paralelos y fraude
El estudio pone de manifiesto que la inversión privada se vería desincentivada y que se generaría una situación en la que se podrían llegar a generar mercados paralelos y fraudulentos “casi imposibles de manejar para las administraciones, en especial para las locales o autonómicas”.
