Imagen panorámica de Barcelona
El contraste de la inmigración en Barcelona: una mayoría "atrapada en la precariedad" frente al máximo lujo
Unos estudios del Institut Metròpoli ponen de manifiesto que la población migrante es la más vulnerable frente a la crisis de la vivienda en la capital catalana, pese a que hay un porcentaje mucho menor que reside con todas las comodidades
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Un tercio de la población de Barcelona ha nacido en el extranjero. De las diez ciudades más pobladas de España, la capital catalana es la que ha registrado un aumento más pronunciado en los residentes de fuera del estado en la última década.
Unos estudios publicados en el Anuario Metropolitano de Barcelona 2025, del Institut Metròpoli, afirman que la población residente extranjera está formada por una minoría que accede a posiciones socioeconómicas privilegiadas --entre los que se encontrarían el popularmente grupo llamado ‘expats’-- y una mayoría atrapada en situaciones de precariedad y exclusión.
Pobreza en rentas bajas
El informe Migraciones, vivienda y desigualdades sociales en Barcelona recoge que las tasas de pobreza entre la población de origen extranjero multiplican por tres las de la población nacida en el Estado español.
Mientras un 45% de la población migrante está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, un 18% de los locales se encuentran en la misma condición.
Una realidad que se agrava con el denominado ‘racismo inmobiliario’ y la limitación en las pensiones y ayudas sociales que sí reciben los nacionales.
Según el estudio, el estado del bienestar empeora las desigualdades con la población extranjera debido a las barreras burocráticas y administrativas de acceso a las subvenciones, trayectorias laborales más precarias, ocupaciones de menor calidad, o que algunas de las ayudas no cubren adecuadamente sus necesidades.
La cama de un sintecho sobre el pavimento
Fracturas entre colectivos
El informe Crisis de vivienda y su impacto socioeconómico en los hogares metropolitanos demuestra, por otro lado, que el acceso a la vivienda genera fracturas entre generaciones, además de entre la población autóctona y extranjera.
“La crisis de la vivienda está contribuyendo a agravar el empobrecimiento de la población con menos recursos económicos y refuerza la desigualdad socioeconómica”, afirman los autores del estudio.
El fin de la ‘sociedad de propietarios’
Los datos expuestos ponen de manifiesto que entre la población menor de 45 años el régimen de tenencia mayoritario es el alquiler, a diferencia de los mayores de esa cifra, que son de propiedad, aunque hipotecados.
Únicamente los mayores de 65 años son los que gozan de plena propiedad.
Por eso mismo, los expertos hablan del fin de la “sociedad de propietarios” en el área metropolitana de Barcelona que se promovió durante el franquismo.
Una mujer pasa por delante de una inmobiliaria en Barcelona
Mientras en el año 2000, todos los grupos de edad eran mayoritariamente propietarios, en la actualidad, solamente se cumple entre la población de mayor edad.
El alquiler como forma de exclusión
Además, el estudio constata que casi un 70% de la población extranjera es arrendataria y el 10% es propietaria, lo que demuestra que "los migrantes tienen mayores dificultades de acceso a la vivienda".
“La población metropolitana con rentas bajas está siendo apartada del acceso a la propiedad y desplazada al mercado del alquiler”, concluyen los expertos, y añaden que no se trata de un “cambio de preferencias”, sino que se trata de una nueva forma de exclusión.
"Hacer más ricos a los ricos"
Volviendo al informe sobre Migraciones, vivienda y desigualdades sociales en Barcelona, los autores lo dejan muy claro: el desequilibrio entre arrendatarios y propietarios afecta a la capacidad de consumo y ahorro, además de generar presión sobre otras esferas de la vida cotidiana e incrementar el riesgo de pobreza energética, los desahucios y el sinhogarismo.
Asimismo, la desigualdad se agrava porque la redistribución de la renta es regresiva: “los hogares con menos recursos contribuyen, a través del pago de alquileres elevados, al enriquecimiento de segmentos sociales más acomodados, a pesar de encontrarse en situaciones mucho más frágiles”.
Vista panorámica del Eixample de Barcelona / ARCHIVO
Políticas de vivienda
Frente a la problemática expuesta, los autores del informe piden políticas de vivienda que ataquen las desigualdades y garanticen la cohesión urbana.
Se trata, en su opinión, de implantar medidas que vayan “más allá” del apoyo puntual o de las políticas restrictivas y que se apueste por una intervención estructural.
En este caso, hablan del incremento del parque de vivienda pública, una regulación efectiva del alquiler, sancionar la discriminación en el acceso a la vivienda e impulsar modelos alternativos como la cesión de uso o las cooperativas.
