Montaje del anuncio ficticio de APROVIJ con Barcelona de fondo
La iniciativa de pequeños propietarios con pisos okupados en Barcelona para visibilizar la inseguridad jurídica
Una asociación difunde anuncios ficticios de apartamentos en el centro a buen precio para denunciar que el decreto antidesahucios a inquilinos vulnerables continúa vigente
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Se alquila un piso de tres habitaciones en el centro por 650 euros. ¿Parece mentira? Lo es. El anuncio, difundido en redes sociales y colgado por las calles de Barcelona, resulta inverosímil en pleno contexto de crisis de vivienda que golpea a las principales ciudades del país, especialmente a la capital catalana.
La Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ) ha iniciado esta campaña de publicidad ficticia para denunciar los efectos de la suspensión de desahucios de los inquilinos que okupan sus pisos.
Miedo a alquilar
En el anuncio aparece un código QR que, al escanearlo, lleva a una página web donde los pequeños propietarios explican que el piso no está disponible porque no lo pueden poner a este precio por miedo.
"Los propietarios tenemos miedo de alquilar. Por mucho que te intenten vender que estamos protegidos por el gobierno si no pagan los inquilinos, es mentira", reza en la web.
En un comunicado, la asociación detalla que la inseguridad jurídica perjudica a los propietarios, pero también a los inquilinos cumplidores que ven desaparecer la oferta de alquiler, encarecerse los precios y endurecerse las condiciones de acceso a la vivienda.
Cartel de una vivienda en alquiler
Decreto antidesahucios
Los pequeños propietarios inciden en que la razón por la que muchas han dejado de alquilar es el Real Decreto-ley 11/2020, también llamado decreto antidesahucios, que se aprobó en 2020 por la pandemia para paralizar los lanzamientos de inquilinos vulnerables, incluso con orden judicial de desahucio.
Cinco años después, la norma sigue en vigor y es probable que vuelva a prorrogarse en 2026, lo que dejará a cientos de propietarios un año más sin poder regresar a sus pisos ni recibir los ingresos que les corresponden. Algunos incluso se ven obligados a pagar los suministros de agua, luz y gas de sus viviendas okupadas.
"Es un sistema que descarga sobre particulares lo que debería asumir la administración", afirma la presidenta de APROVIJ, Kathy Díaz.
La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Ajuntament de Barcelona
Las ayudas frente a impagos
La semana pasada, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunciaba una nueva línea de subvenciones para propietarios frente a impagos de jóvenes menores de 35 años o menores vulnerables.
Sin embargo, la ayuda no ha producido satisfacción entre el grupo de pequeños propietarios, pues aseguran que tardan tiempo en llegar y que el problema "de fondo" no se soluciona.
"La jugada es transparente: mantienen el decreto que genera el daño y te ofrecen un 'mecanismo de ayuda' que solo funciona en teoría para que parezca que atienden a los propietarios", denuncia.
La presidenta de APROVIJ lo asegura: cada vez les llegan más propietarios atrapados por suspensiones, inquilinos vulnerables eternos y procesos que dejan al pequeño propietario completamente desprotegido.
