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El Parlamento Europeo insta a la Comisión a establecer un marco legal para regular los pisos turísticos en las ciudades
El informe aprobado en la Eurocámara reclama soluciones a la crisis de vivienda como la reducción de la burocracia y facilitar el acceso de los ayuntamientos a fondos de la UE
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El Parlamento Europeo sienta las bases para abordar la crisis de vivienda que asola al continente. La Eurocámara ha aprobado este martes, 10 de marzo, el informe final de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda que concluye que faltan 10 millones de hogares en Europa para satisfacer la demanda actual.
El Plan de Vivienda Asequible, que la Comisión Europea deberá ahora aterrizar en forma de políticas públicas, pone el foco en incrementar la oferta con medidas como facilitar el acceso directo a los fondos de vivienda a las autoridades locales, regionales y urbanísticas para construir más vivienda asequible y ataca, especialmente, a los alquileres turísticos.
Alquiler de corta duración
La resolución pide que se establezca una regulación proporcionada de los alquileres turísticos o de corta duración acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que haya un equilibrio entre el turismo y el acceso a las viviendas asequibles.
Así, Europa se verá obligada a pronunciarse con respecto a medidas innovadoras como la del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar los pisos turísticos a partir de 2028 y determinar si se ajusta o no a la proporcionalidad exigida.
En este sentido, la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha alertado de que el planteamiento adoptado por el alcalde Jaume Collboni "dista mucho" del marco europeo que se establecerá, según ha afirmado la directora general, Marian Muro, en un comunicado.
Una turista en Barcelona - Archivo
Preguntada por esta cuestión, la presidenta de la comisión especial sobre la Crisis de Vivienda, Irene Tinagli (S&D, Italia), ha aclarado que la UE no impone una regulación específica para los 27 Estados miembros, puesto que han constatado que el turismo ha ayudado al crecimiento económico de determinadas zonas, mientras que en otras se ha convertido en un problema.
"Lo que dice el informe es que se necesita un marco legal, una definición común y criterios para que los ayuntamientos, las autoridades regionales y las nacionales tengan herramientas para intervenir cuando, donde y como vean que tiene cabida", ha argumentado.
Financiación pública y privada
Por otro lado, Tinagli ha explicado que se necesitan tanto fondos públicos como privados para incentivar la oferta.
“La Comisión Especial confía en que es importante tener fondos específicos para vivienda, esto daría mayor certidumbre a alcaldes y presidentes para planificar sus políticas de vivienda", ha afirmado.
Para ello, los eurodiputados abogan por un despliegue de las inversiones a través de programas como los fondos NextGeneration o InvestEU, además de impulsar líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La presidenta de la delegación del Partido Democrático de Italia, Irene Tinagli, ofrece declaraciones a los medios de comunicación, en la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
Reducción de la burocracia
El ponente del informe sobre la vivienda, Borja Giménez (PPE, España), ha destacado otras sugerencias del documento como la reducción de la burocracia a la hora de obtener licencias, incluyendo un plazo máximo de 16 días para recibir este permiso, y la reducción de impuestos con un IVA superreducido.
El Parlamento también aboga por apoyar procesos de construcción más productivos basados en la industrialización e impulsar incentivos fiscales para los jóvenes que quieren comprar su primera vivienda.
Finalmente, el documento propone que se recopile a través de Eurostat datos sobre vivienda a nivel nacional, regional y local para un mejor enfoque de las políticas en este ámbito.
Próximos pasos
Tinagli ha señalado que a finales de 2026 el grupo de trabajo presentará una iniciativa legislativa sobre los alquileres de corta duración y una ley para el sector de los servicios de construcción que está en fase de consultas públicas.
Durante los próximos seis meses, Giménez ha asegurado que se encargarán de monitorizar a la Comisión Europea y presionarla para que adopten las medidas propuestas en el informe.
